Los trabajadores de la empresa Tragsa, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), han atribuido este miércoles a "razones de índole política" la presentación de un ERE de extinción de empleo para unas 70 personas en el caso de Asturias —de los 310 de la plantilla— y 1.600 en caso de toda España.

El secretario del comité de empresa en Asturias, Pablo Fernández, ha recordado, tras reunirse con el grupo parlamentario de UPyD, ha explicado que los trabajadores no entienden los motivos por los que en el caso de Asturias se plantea la mayor reducción de empleos, cuando la compañía cerró 2012 con beneficios en la región y también prevé hacerlo en 2013.

"Hablamos de una empresa pública rentable que funciona bien y da un servicio a la sociedad, así que no entendemos otros motivos que no sean los meramente políticos para desmantelar paulatinamente una empresa pública y pasarla a manos privadas", ha dicho Fernández.

Ha destacado además que en la empresa, a nivel nacional hay 500 puestos con coste salarial superior a los 100.000 euros, por lo que en caso de recortar la cantidad que alude la empresa se podría hacer reduciendo el número de directivos que es "más que excesivo".

Los trabajadores se han reunido esta mañana con el grupo de UPyD y lo hará también con los de PSOE, Foro Asturias y con el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre. Ya se han reunido además con IU que esta semana presentará una pregunta en el Pleno sobre este asunto.