El dueño del piso ocupado de la calle Urgell entra en su vivienda

El juez no ve clara una acción ilegal de los ocupantes, que afirman haber llegado
a un «acuerdo verbal» con el propietario.
Carles Veiret comprueba el estado de su piso instantes después de entrar en el inmueble. (Hugo Fernández)
Carles Veiret comprueba el estado de su piso instantes después de entrar en el inmueble. (Hugo Fernández)
Carles Veiret comprueba el estado de su piso instantes después de entrar en el inmueble. (Hugo Fernández)
Carles Veiret, el hombre que encontró ocupado su domicilio de la calle Urgell el pasado mes de noviembre, pudo entrar ayer a su piso por fin. Fue después de que unas horas antes recibiera el auto de desalojo, por el cual el juez le permitía cambiar la cerradura de la vivienda.El documento, en cambio, no confirma que la ocupación del inmueble fuera ilegal y en él se especifica que dicho acto «podría no tener relevancia penal», según explicó ayer el abogado del propietario, Carlos Fatás.

La entrada al piso

Fue necesaria media hora para que los albañiles pudieran reventar la cerradura. Eran las 11.00 h y para entonces ya eran una treintena los periodistas que no se perdían detalle. Los Mossos d’Esquadra, en cambio, siguieron la operación alejados y de paisano, a pesar de las llamadas del propietario.

Propietario del edificio

Veiret afirmó encontrar su piso «en mejor estado de lo que pensaba», después de que cuatro personas lo ocuparan los últimos meses. El edificio entero es propiedad de la familia Veiret.

Aparte de la basura y la ropa esparcida por el piso, Veiret echó en falta una mesa y sillas. Encontró, en cambio, una cama de los ocupantes.

Los supuestos inquilinos afirmaron ayer que «llegaron a un acuerdo verbal» con Veiret, por el cual se comprometían a dejar el piso si recuperaban los 1.200 euros que pagaron a la falsa arrendataria.

El Ajuntament quiere intervenir

El Ajuntament de Barcelona quiere que se modifique el Código Civil para poder intervenir en el desalojo de fincas privadas ocupadas. Así lo anunció ayer el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu. La medida fue rechazada por ERC, mientras que ICV evitó pronunciarse por no haber tenido acceso al dictamen en que se incluye la propuesta. Los okupas tildaron de «electoralista» la idea.

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