La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha calificado este martes de "falsas" las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, quien ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "pedir" al Consejo Consultivo que "archive los expedientes de reintegro del dinero defraudado" en expedientes de regulación de empleo (ERE) y de intentar así "pasar página" en este caso de corrupción.

De esta manera, el Departamento que dirige José Sánchez Maldonado ha reprochado al PP-A que utilice de manera "sesgada" un trámite revestido de "absoluta rigurosidad y que se rige por Ley".

Fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que el objetivo de la Administración andaluza es "todo lo contrario" y pasa por "recuperar las cantidades indebidamente percibidas y se agotarán todos los cauces legales", al tiempo que ha destacado que la revisión de oficio de los expedientes "la realizan funcionarios independientes" con el correspondiente informe del Gabinete Jurídico y el Consejo Consultivo analiza cada caso de "manera particular y dictamina en función de cada caso".

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que, en casi el 90 por ciento de los casos, el Consultivo ha dictaminado a favor de la revisión de oficio y, por tanto, del reintegro de las ayudas. En concreto, "de los 138 expedientes finalizados hay 124 que tiene el dictamen a favor de la revisión de oficio para reintegrar las ayudas". En cinco casos el Consultivo ha dicho que no procede.

En el resto (9), el Consultivo se ha mostrado a favor de aplicar el artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos, por el cual se presupone el principio de buena fe en el preceptor de las ayudas. No obstante, han apuntado las mismas fuentes que en los cuatro casos de los que el PP-A ha hecho este martes referencia, "el Consultivo ha entendido que no se aplica este artículo".

Además, han señalado que en el mismo periodo en el que el Consultivo dictaminaba el no uso del articulo 106 en estos cuatro expedientes, "también dictaminaba su aplicación en otros", lo que, a juicio de la Consejería, pone en relevancia "la independencia del Consultivo".

Por otra parte, apuntan que el Consultivo determinó la caducidad por haber superado el plazo para emitir su dictamen para una serie de expedientes y "entonces el PP declaró lo mismo". Ahora estos 57 expedientes han sido reiniciados para la revisión de oficio y para su consecuente reintegración de las ayudas, si procede, han subrayado.