La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, instructora del caso Voltor, apunta en su último auto a un "concierto de voluntades" entre exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) a fin de beneficiar a las mercantiles del empresario Jacinto Farrús, quien en la pasada legislatura resultó presuntamente favorecido con contrataciones públicas a cambio de que éste sufragara los gastos de campaña del desaparecido partido.

Mediante una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada desestima los recursos interpuestos por dos de los imputados en esta pieza del caso Voltor, la número diez, contra el auto que ponía fin a la instrucción de las pesquisas y decretaba que continuara el proceso penal contra ambos. En concreto, se trata del propio Farrús y del expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

Precisamente, en el marco de esta pieza, tal y como recoge la jueza en su resolución, el excontable de UM y exjefe del área económica del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Álvaro Llompart, reveló que la exdirigente histórica del partido, Maria Antònia Munar, ordenó a través de un exsocio de Farrús beneficiar a éste con 3,5 millones de euros a través de proyectos públicos como recompensa a "toda la ayuda" que había prestado a UM durante la campaña electoral de 2007, como la compra de votos en favor de la formación.

Se trata de uno de los datos que arrojó Llompart en torno a la supuesta financiación ilegal del partido y que puso de manifiesto el imputado en una de las comparecencias voluntarias que realizó en dependencias de la Fiscalía en aras de colaborar con los investigadores. Las revelaciones de Llompart dieron lugar a la apertura, en el marco del caso Voltor, de esta pieza separada.

De hecho, en una de las tres declaraciones que prestó el encausado, relató cómo el entonces gerente del Inestur, Antoni Oliver, le ordenó que se reservasen partidas presupuestarias a favor de Farrús, y cómo Flaquer le instó a asesorar en lo referente a la parte técnica de los proyectos que presentase el empresario a fin de que éste acabase ganándolos, puesto que "se trataba de un tema directo de Maria Antònia Munar".

Así de contundente se mostró en referencia a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, quien, tal y como abundó llompart en su deposición, le había ordenado a través de un exsocio de Farrús, Antoni Martorell, que se debía recompensar a éste "por toda la ayuda que había prestado a UM con motivo de las elecciones de 2007" y que se concretaban en la compra de votos, la colocación de más de cien empleados, el pago de eventos electorales y la instalación de vallas y carpas.

Tanto Falquer como Farrús solicitaban el archivo de su imputación en el marco de estas pesquisas al alegar en sus recursos de reforma que los hechos "no son constitutivos de infracción penal alguna" y que, por tanto, "no hay indicios racionales de criminalidad suficientes".

Delitos investigados

Sin embargo, la magistrada afirma que de las investigaciones llevadas a cabo se desprenden "trazos de tipicidad delictual" que, de resultar probados, podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, cohecho, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. En cualquier caso, apunta que todo ello deberá ser examinado en el acto del juicio oral.

Las investigaciones sitúan al conocido empresario, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en el amplio sumario del caso.