La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación han acordado designar un grupo de trabajo que se encargue de proponer una solución a las "discrepancias" entre ambas administraciones sobre el Real Decreto Ley 9/2013 sobre medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico aprobado el pasado mes de julio por el Ejecutivo central.

Así lo establece un acuerdo adoptado el pasado 3 de octubre por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

En dicho acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con los artículos 1.1, 1.2, 4, 5 y 6, Disposición Adicional Primera, Disposición Transitoria Tercera y Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico".

Según la Junta, esta norma "no contribuye a recuperar el impulso energético ni a avanzar hacia un modelo energético saneado, que atraiga inversiones y permita salir de la crisis económica" al "poner en peligro el desarrollo de las energías renovables y de la biomasa" y además supone "una continuación de medidas aisladas de carácter recaudatorio que no atajan el problema del sistema en su conjunto, sino que se centran en el déficit tarifario como única cuestión".

Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, alertó recientemente en el Parlamento de que algunas de las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 9/2013 son "discriminatorias y arbitrarias" y se mostró partidario de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno central para apostar por el fomento del ahorro, la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energías renovables como "única vía" para reducir la dependencia energética exterior y sanear las balanzas comerciales.