Los afectados de Voto por la Ley de Montes de Utilidad Pública (MUP) acudirán a los tribunales si el Gobierno de Cantabria no les entrega sus títulos de la Concentración Parcelaria en el primer trimestre de 2014.

Así lo han decidido en una asamblea celebrada en las antiguas escuelas de San Pantaleón de Aras, a la que han asistido más de 100 afectados, según ha informado en un comunicado el presidente de la Plataforma de Colectivos Afectados por los Montes de Utilidad Pública de Cantabria, Javier Rugama.

En un comunicado, Rugama, que ha sido el encargado de coordinar la asamblea, ha explicado que la entrega de los títulos de la concentración parcelaria de Voto centro ha sufrido "su tercer aplazamiento" por parte de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria.

Según la versión del presidente de este colectivo, la entrega de estos títulos fue "bloqueada" en su día por el Servicio de Montes y en dos ocasiones el Gobierno se "comprometió" a desbloquearla.

Para ello, Rugama ha explicado que se estaba elaborando un informe jurídico y se acordó que la respuesta debería estar para octubre de 2013, si bien ha sido pospuesta para el primer trimestre del 2014.

Los afectados han avisado de que si este nuevo plazo propuesto por el Gobierno regional "no se cumple" acudirán a los tribunales a reclamar sus títulos.

Catálogo de montes

En la asamblea también han abordado la revisión del Catálogo de MUP publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el pasado 1 octubre y los afectados han calificado de "incomprensible" que el Servicio de Montes pretenda "sólo" revisar los montes de utilidad pública no deslindados o deslindados parcialmente.

En este sentido, Rugama ha afirmado que "la primera obligación administrativa que tienen es deslindar todos los montes del Catálogo" y hacer una revisión de los "antiguos" deslindes que en la actualidad ya no se corresponden con la realidad de estos montes.

Las "esperanzas" en el actual gobierno, "DILUIDAS"

En la asamblea, se ha valorado que las actuaciones realizadas en los últimos cinco años por la Administración para solucionar su problema no han sido "nada satisfactorios" y afirman que las "esperanzas" puestas en el actual Gobierno regional (PP) para hallar una salida "factible" se han "diluido en el tiempo".

Los afectados han opinado, según Rugama, que la Orden del 19 marzo del 2012 sobre los nuevos convenios forestales con la que, a su juicio, el Ejecutivo regional "se quitó de en medio" el problema de los "antiguos consorcios forestales" que habían caducado.

Rugama ha advertido de que las condiciones de los nuevos convenios firmados hasta este momento tienen unas condiciones "que no gustan a la mayoría de afectados" y se ha quejado de que el Gobierno regional ha decidido "no mejorar".