Los adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), han elevado a ministra de Fomento, Ana Pastor, una carta en la que muestran su temor a perder las ayudas estatales asignadas para la adquisición de estos pisos. El colectivo, igualmente, ha expuesto a la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), en la que reside el préstamo del que partió la operación, una serie de "irregularidades" que incluyen el "desvío" de los anticipos de los adjudicatarios hacia cuentas bancaria que ni siquiera estaban "aseguradas".

Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado unos 17.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, en 2009 las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Desde 2009 hasta ahora, las obras han bailado entre la paralización y escasos periodos de obras y, mientras la gestión de la promoción fue finalmente encomendada a la empresa Nazarí, más de 450 de las viviendas siguen aún sin ser entregadas.

El conflicto de las vpo de la cea

En este contexto, más de cien de los adjudicatarios han emprendido los trámites necesarios para renunciar a tales viviendas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas por anticipado, extremo que no cumplen ni la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' ni 'Millennium Insurance', la compañía aseguradora de las partidas entregadas a cuenta por los adjudicatarios. El colectivo, en ese sentido, advierte de que la suma de los anticipos entregados roza los 9,5 millones de euros.

En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no.

Al juzgado

Pues bien, en el marco de todo este conflicto, y como es sabido, el colectivo de afectados ha formulado ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla una demanda contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, reclamando 1,1 millones de euros por los "daños y perjuicios" derivados del retraso en la entrega de las viviendas y el no aprovechamiento de las mismas.

En la misma línea, el colectivo ha elevado a la presidenta de la Sareb, Belén Romana, una carta avisando de que el conflicto responde a un "plan delictivo" de la CEA para el "empobrecimiento intencionado y fraudulento" de la promoción de viviendas, pues buena parte de las cantidades anticipadas por los adjudicatarios de las viviendas habrían sido "desviadas" desde una cuenta bancaria plenamente garantizada de Caja Madrid a otra "no garantizada" y perteneciente a otro banco, extremo "no comunicado" a los pagadores. Recordemos que los afectados cuantifican en 9,5 millones de euros la suma de los anticipos.

Más problemas

En paralelo, los afectados han remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor. En su carta, recogida por Europa Press, los adjudicatarios exponen que el pasado 9 de septiembre fueron "ratificadas" las ayudas estatales directas asignadas para la adquisición de estas viviendas, pero el 19 de noviembre finaliza el plazo habilitado para la formalización de los préstamos, toda vez que "las obras ni siquiera han sido reanudadas y sigue sin haber fecha de finalización".

Con el "temor" de que el plazo expire sin novedades y las ayudas estatales se diluyan, los adjudicatarios piden a la ministra de Fomento "las medidas oportunas para que los 583 vecinos de nuestra promoción puedan seguir optando a las ayudas".