El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha reclamado a la Conselleria de Justicia que abone los 14 millones de euros que adeuda a los abogados del turno de oficio por el servicio prestado desde el 1 de enero hasta octubre de 2013.

"Los abogados que prestan el servicio de turno no han percibido ni un euro" en 2013, ha insistido el decano del Icav, Mariano Durán, quien ha recalcado que la partida presupuestaria prevista este año por este concepto asciende a un total de 18,5 millones, según ha informado la institución en un comunicado. En la actualidad ya se deberían de haber abonado 14 millones.

Durán ha recordado que el Icav ha tenido "desde el principio" la voluntad de negociar con la Generalitat "sobre el correcto funcionamiento del turno de oficio". "El turno —ha agregado— es un servicio público con fundamento constitucional que se erige como un auténtico pilar del Estado social. Por este motivo no podemos aceptar los impagos de este año 2013", ha apostillado.

Sobre el turno, también el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados presentó la pasada semana una demanda en la que solicitaba la suspensión cautelar de la Orden de la Conselleria de Justicia de diciembre de 2011 que regula este servicio, mientras hay un pronunciamiento sobre el recurso interpuesto al mes de aprobarse esta medida.

La finalidad del recurso interpuesto por los abogados valencianos contra la Orden es doble: que los letrados de oficio perciban por el trabajo que desarrollan una retribución "digna y suficiente"; y que se garantice "de forma efectiva" el derecho constitucional de defensa letrada de los ciudadanos que tienen el beneficio de la justicia gratuita.

Los abogados alegan que con una retribución media neta, eliminando los costes, de 19,82 euros por asunto completo tramitado, incluyendo las guardias, "no se garantiza el derecho a la defensa del beneficiario de la justicia gratuita que exige el Tribunal Constitucional".

Además, añaden que los ciudadanos con menos recursos, durante el tiempo que dure la tramitación del recurso presentado, verán perjudicado su derecho de defensa y no podrán recuperarlo por mucho que la sentencia que se dicte en la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tuviera efectos retroactivos.

Defectos de forma de la orden

Entre los defectos de forma que el recurso contempla para solicitar la nulidad de la Orden —por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 2005 sobre módulos de compensación económica aplicables a las actuaciones del turno de oficio y asistencia al detenido o preso—, los abogados denuncian la declaración de "urgencia para la tramitación administrativa de dicha Orden, reduciendo el plazo de audiencias a las partes interesadas, a siete días".

Los abogados alegan también que la Orden no viene acompañada por informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, así como por una memoria económica sobre la estimación del coste previsto que pueda incidir en la administración. Por otra parte, el documento presentado como memoria económica se limita a "informar" sobre cuál es el presupuesto de la Generalitat valenciana para el Turno de Oficio en el año 2012.

Los abogados valencianos han advertido de que una sentencia de nulidad supondría la obligación del Consell de pagar los retrasos en los pagos conforme al baremo anterior, lo que supondría un coste adicional de 20 millones de euros. La Orden de Justicia regula distintas cuestiones referentes al Turno de Oficio, entre ellas la rebaja media de un 37 por ciento en las retribuciones que los letrados valencianos perciben por defender el derecho de los ciudadanos a la justicia gratuita.