El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha dado cuenta de la presentación de alegaciones al acta de la sesión ordinaria de Claustro que aprobó la modificación de la Comisión de Proyectos Normativos, que decide sobre aspectos fundamentales del funcionamiento de la sede académica y que, entre otros puntos, tiene en estudio la modificación del reglamento de estudiantes en lo referente al paro académico o una propuesta para cambiar el sistema de elección del rector.

Éste, según ha explicado a Europa Press el portavoz del Cadus, Alfonso Torres, es el "primer paso" de la "ofensiva legal" que el estudiantado pretende llevar a cabo contra lo que consideran un proceso "torticero", según el cual el cambio, que "a priori ha pasado desapercibido", consiste en la modificación de su constitución, de tal forma que se le da más preponderancia y representación al Sector A de profesores permanentes.

Concretamente, las alegaciones buscan evidenciar que en el Claustro "hubo personas que dijeron que las cosas se estaban haciendo mal, incumpliendo preceptos legales, a pesar de lo cual en las actas claustrales no quedó reflejado, pese a que era una primera consideración".

Torres ha añadido que también se ha iniciado un proceso de diálogo con otros sectores para alcanzar consenso. Al respecto, la resolución no afecta a la representación del alumnado —se mantienen sus cuatro miembros—, si bien supone, a juicio del Cadus, la ruptura del "equilibrio" imperante hasta ahora, ya que la equidad en la composición hacía necesario el consenso de al menos tres sectores para sacar adelante las propuestas, mientras que ahora sólo se precisa del acuerdo de dos.

Para el órgano, esta medida implica la pérdida del potencial poder decisorio de los estudiantes, al margen de "incumplir" el procedimiento administrativo con una actuación que entienden como "ilegal" e "ilegítima".

Ante esta situación, el Cadus está elaborando un recurso de alzada para dar al rector, Antonio Ramírez de Arellano, la "última oportunidad" de que eche para atrás este acuerdo. Si rechaza este extremo, plantearán llevarla a la jurisdicción judicial contencioso-administrativa.