La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), además de la patronal andaluza de la construcción, Fadeco, considera que el Plan de Protección del Corredor del Litoral, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "pretende prohibir el desarrollo de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelos con potencial para levantar 38.827 viviendas" y plantea la necesidad de establecer "compensaciones económicas" a los promotores.

Ambas organizaciones empresariales han presentado sus alegaciones este miércoles en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua), presidida por la Secretaria General de Planificación y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente al objeto de debatir el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, cuyo trámite de información pública termina este jueves.

En el informe de alegaciones, al que tuvo acceso Europa Press, elaborado por la CEA en colaboración con Fadeco, los empresarios han indicado que "este nuevo plan es uno más de los continuos cambios normativos que afectan al principio de seguridad jurídica", de forma que la aplicación de la normativa en ordenación del territorio "es cada vez más compleja y es cada vez más difícil su conocimiento y aplicación por parte de los administrados".

Ha recordado que tras la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, "se han producido numerosos cambios normativos que vienen a generar inseguridad jurídica y que progresivamente han desvirtuado los contenidos de la propia LOUA", toda vez que la LOUA "se ha modificado a través de seis leyes y dos decretos- leyes".

Además en los últimos años se han aprobado otras 15 leyes, nueve decretos, 17 planes de ordenación del territorio y planes de medio físico de las ocho provincias, todos los planes de ordenación de los recursos naturales, "todos ellos con incidencia en la ordenación del territorio", de forma que "la proliferación de cambios normativos de la LOUA introduce una evidente incertidumbre que afecta al principio de seguridad jurídica que debe regir en nuestro ordenamiento jurídico".

La CEA considera que "esta permanente situación de inseguridad jurídica genera retraimiento de inversiones, retrasos en la tramitación de expedientes administrativos, dificultando la actividad urbanística y el desarrollo de proyectos empresariales".

Por otra parte, los empresarios aseguran que "parte de los contenidos del Plan del Litoral colisionan con el planeamiento urbanístico en determinados municipios y en determinados POT aprobados recientemente", de forma que "en el documento del Plan del Litoral que ha sido sometido a información pública, la Consejería establece protecciones para impedir que el 41 por ciento de esas nuevas construcciones previstas en 33 localidades de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga se puedan construir al estar en lugares que, según el plan, deben ser protegidos alegando valores naturales o paisajísticos".

La CEA asevera que el Plan del Litoral "pretende prohibir el desarrollo de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelos con potencial para levantar 38.827 viviendas, una cifra que puede cambiar cuando concluya el periodo de alegaciones a finales de octubre".

De esta manera, para los empresarios, el Plan del Litoral "impide desarrollos urbanísticos de proyectos que están en una fase intermedia de tramitación administrativa, que cuentan con informes favorables previos de la administración autonómica y que incluso están incorporados en planes subregionales de ordenación del territorio aprobados por la propia Junta de Andalucía", lo que "supone cambios de criterios y revisión de decisiones previas de la propia Junta que colisionan con contenidos de planeamientos municipales aprobados por la propia Junta y con derechos adquiridos de propietarios de terrenos y promotores de proyectos que cuentan con tramitaciones urbanísticas avanzadas".

Cree que esta "reconsideración" de decisiones por parte de la Consejería "deja en situación de enorme inseguridad jurídica a los propietarios afectados".

Sin evaluación económica

Asimismo, en sus alegaciones la CEA advierte de que en la memoria económica del Plan "no contempla propuestas actuación evaluable económicamente".

Para la CEA, los contenidos del Plan del Litoral "suponen merma de derechos para titulares de terrenos y para inversores con proyectos en tramitación", por lo que cree que la Consejería "tendrá que compensar económicamente a los promotores". Agrega que "otro asunto son las compensaciones que podrían reclamar los propietarios de los terrenos, algo que previsiblemente harán en los tribunales, pero no se contempla nada de eso en la memoria".

Agrega que el Plan "va a suponer una merma considerable a algunos ayuntamientos costeros, por la pérdida de ingresos por el desarrollo urbanísticos de áreas y algunos de ellos ya han recurrido el Plan, así como cuatro diputaciones provinciales", por lo que ve "lógico" que se contemplen partidas económicas en dicho Plan.

Además, apunta que el coste de modificar los planes municipales de los municipios costeros afectados conforme a un Plan vigente, "deberán asumirlos ellos", de forma que "a pesar de no evaluarse cuantía económica es de suponer que la aplicación de los preceptos del Plan va a suponer importantes desembolsos".

Por otra parte, la CEA apunta que en el Plan del Litoral "se han incorporado limites y protecciones en la márgenes del río Guadiana más allá de los 500 metros, hecho que no estaba contemplado en el decreto ley por el que se creó la figura del Plan del Litoral", toda vez que en el decreto ley "se excluían expresamente las zonas contiguas a los ríos, en base a la memoria de ordenación, la ribera del mar, y no la de los ríos".

El plan

El Plan de Protección del Corredor del Litoral preservará de urbanización 9.000 nuevas hectáreas de suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre, lo que supone un incremento del 50 por ciento del terreno protegido en el espacio costero.

Actualmente, los suelos protegidos en la costa andaluza por distintas figuras contempladas en la normativa ambiental o por los planes subregionales suman 18.000 hectáreas, un 36% del suelo del corredor litoral. Con el nuevo Plan, se incorporan 9.000 nuevas hectáreas, un incremento del 50 por ciento. De esta forma, quedará preservado más de la mitad del espacio de la franja de los primeros 500 metros de costa (55 por ciento).