Los servicios jurídicos del Estado continúan estudiando si se recurre ante el Tribunal Constitucional la ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por el Parlamento andaluz, según ha explicado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella.

Concretamente, el responsable de Economía ha dicho que se estudian las modificaciones introducidas en la ley con respecto al decreto ley, ya recurrido y suspendido de forma cautelar por el TC, y que será a la luz de ese análisis cuando se decida si se plantea el recurso. El Gobierno dispone de plazo de tres meses para decidir si interpone el mismo, ha recordado el ministro.

El propio De Guindos ha recordado que el decreto antidesahucios se recurrió avalado por el dictamen del Consejo de Estado que apuntaba a "la vulneración de títulos competenciales recogidos en la Constitución, la regulación inconstitucional del derecho a la propiedad, además de serias dudas de inconstitucional que afectan al principio de culpabilidad y al de proporcionalidad en el régimen sancionador aplicable a quienes tienen viviendas desocupadas".

Además, ha señalado que, además de esas consideraciones jurídicas, el Ejecutivo teme el "impacto negativo" que el decreto pudiera provocar en la estabilidad del sistema financiero, dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda, o al funcionamiento de la Sareb, y ha recordado que el mismo despertó "la preocupación" de la Comisión Europea por el "impacto que podría tener en el sistema financiero español".

Por su parte, Centella ha reprochado al ministro que no atienda el planteamiento de la Junta de Andalucía para que se convoque la Comisión Bilateral y se diriman en ella las posibles diferencias sobre este asunto, a lo que De Guindos ha respondido señalando que el Ejecutivo "siempre" ha tenido una "actitud dialogante" con la administración regional.

Liberalismo "rancio" vs.

Izquierda consecuente

El portavoz de Izquierda Plural ha reprochado a De Guindos que no sea nada "conciliador" y que siga situado "al lado de quienes quieren hacer de la vivienda de un negocio, al lado de los que creen que el dios mercado, que Montoro también adora, está por encima de los derechos humanos y del derecho a la vivienda".

Así, el diputado de IU ha mantenido que la ley andaluza es "la última esperanza" para mucha gente, para no ver su vivienda embargada por unos bancos "a los que ustedes están saneando con el dinero de todos" y ha criticado que el Gobierno del PP "se sitúe al lado de la 'troika'" en lugar de "con quienes sufren".

Para Centella merece reproche que el Ejecutivo crea que "el mercado debe primar sobre la Constitución". "Es la gran diferencia entre el liberalismo rancio de ustedes y la izquierda consecuente que nosotros queremos representar".

Al respecto de estas palabras, el titular de Economía ha criticado la "demagogia rancia" de IU y ha defendido las consecuencias positivas del Código de Buenas Prácticas y de las normas para evitar desahucios aprobadas por el Gobierno, con más de 1.200 reestructuraciones de deuda y 400 daciones en pago.

"Son medidas que han ayudado a más de 2.000 familias, sin afectar al derecho de la propiedad, sin producir quiebra en la igualdad de los españoles o dificultar el acceso a préstamo hipotecarios".