El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, tomará declaración este miércoles a otros tres integrantes del consejo de administración de dicha empresa pública que han sido imputados en el marco de la investigación relacionada con la iniciativa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

De este modo, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que ya ha imputado en esta causa a 14 personas, ha citado este miércoles a la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro; al exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, y al director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez.

Estas comparecencias se producirán después de que, en la jornada del lunes, los que fueran consejeros Ramón Martín López y Juan Vela Quiroga aseguraran que el consejo de administración de Invercaria aprobó una inversión de 600.000 euros en FIVA antes de que este proyecto estuviera constituido.

Juan Vela, que también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, señaló durante su declaración ante el juez que FIVA fue una idea del expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien solicitó en junio de 2006 al consejo de administración que le facultara para invertir 600.000 euros en ese proyecto cuando éste "no estaba todavía constituido".

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado precisó que en esa sesión del consejo de administración —en la que sólo estaban presentes Pérez-Sauquillo y dos consejeros de los seis o siete que conformaban normalmente el consejo— el expresidente de Invercaria les indicó que la concreción del proyecto y su desarrollo se realizaría en los meses siguientes, "con búsqueda de socios, incorporación de algún socio tecnológico o la elaboración del plan de negocios".

Así, y por acuerdo "unánime", el consejo entregó facultades a Pérez-Sauquillo para que desarrollara ese proyecto e hiciera las participaciones "que estimase oportunas", otorgándosele una cuantía ascendente a 600.000 euros, dijo el imputado, que reconoció que en esa sesión del consejo de junio de 2006 "no recuerda que se le entregara documentación alguna al respecto, y si se le hubiese entregado en todo caso sería muy genérica dado el estado incipiente del proyecto".

Fiva "no era una idea descabellada o extravagante"

El imputado aseguró que "no le pareció anómalo sino que además le pareció lógico que el consejo de administración otorgara facultades y delegaciones en un consejero delegado y presidente en el que confiaba", señalando que esos 600.000 euros "no era una cantidad significativa en relación con el volumen total de inversión" de Invercaria.

A pesar de que la inversión en FIVA fue un proyecto fallido de Invercaria y costó a las arcas públicas un total de 1,7 millones de euros, el encausado aseguró que la idea del proyecto le pareció "oportuna", pues "se ajustaba al objeto social de Invercaria de promover empresas de bases tecnológicas en Andalucía y satisfacer una necesidad que existía en las pymes para distribuir sus productos".

Por ello, "no era una idea descabellada o extravagante, porque era la época de los portales de Internet", aseveró.

600.000

Euros no es una cantidad "escandalosa"

De su lado, el exconsejero entre 2005 y 2008 Ramón Martín López dijo, sobre la cantidad en sí de los 600.000 euros, que "no se trataba de una cantidad escandalosa para un proyecto de inversión", añadiendo que la justificación de los gastos de esos 600.000 euros "se acreditaron documentalmente por la contabilidad de los gastos de Invercaria".

Según el Ministerio Público, "consta en las actuaciones que las decisiones de inversión en FIVA y la salida de Novasoft fueron conocidas y aprobadas en las sesiones del consejo de administración de Invercaria, lo que supone que, de forma indiciaria y provisional, los miembros del consejo tuvieron conocimiento y participación de la decisión de realizar las operaciones de inversión descritas que pudieran ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un presunto delito societario del artículo 259".