El abogado del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet ha pedido a la Audiencia Provincial el archivo de la causa abierta contra él por las supuestas irregularidades descubiertas en el concurso público promovido por Mercasevilla para enajenar los suelos del mercado central, todo ello en un escrito en el que pide que se le aplique "la norma más favorable" y que fue aplicada por la juez Mercedes Alaya para archivar la causa respecto a seis empresarios que pujaron por los suelos.

En un auto dictado el pasado 8 de octubre, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla rechazó la petición de Mellet para que archivara la causa respecto a él dada "la presunta existencia" de un delito de prevaricación, entre otros", pues el exdirector general de la lonja "tiene condición de funcionario público a efectos penales" al ser Mercasevilla "una entidad municipalizada".

El letrado de Mellet, José Manuel Carrión, ha decidido recurrir ante la Audiencia Provincial esta decisión de la juez para que se aplique a su patrocinado la norma más favorable, tal y como la magistrada hizo en relación a los seis empresarios aludidos, entre los que se encontraban dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En un recurso de 43 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado recuerda que el auto que se recurre "deja sin cargos, por aplicación de la institución de la prescripción, a una serie de empresarios traídos al procedimiento por petición expresa del Ministerio Público", lo cual "viene a tener relevancia por la diferente aplicación de la norma más favorable, que no se lleva a cabo respecto" de Mellet.

"DISTROFIA"

A su juicio, "lo que genera una situación desigual es la distrofia que supone enunciar que no existen indicios de prevaricación en este momento para aquellos empresarios y mantenerlos respecto" de Fernando Mellet, ya que, "al igual que no se infiere la menor acreditación de la inexistencia de los mismos, tampoco se exponen cuáles son los mínimos indicios que recaen sobre el actuar" de Mellet.

De este modo, "se ha llegado a conclusiones diferentes respecto de situaciones iguales" a pesar de que la intervención del exdirector general "se realizara desde la perspectiva de ser la empresa organizadora del concurso y no ser una de las que realizaron oferta al respecto".

"Lo que no queda medianamente claro es cuáles son los indicios para entender que existe la concurrencia del delito de prevaricación y cuáles son los indicios que diferencian la posición de Mellet respecto de los demás empresarios" a los que se ha archivado la causa, asevera.

El letrado considera, en relación al delito de prevaricación, que la juez Alaya "parte de la base errónea de que Mercasevilla forma parte de la administración local o es una entidad local u organismo dependiente de alguna de ella", lo que constituye "un craso error".

Al hilo, niega que Mellet tenga la condición de funcionario público y pone de manifiesto que "nunca ha actuado de tal forma que dictara una resolución contraria a derecho generadora de injusticia", añadiendo que "el ámbito de la jurisdicción penal no puede confundirse con la contencioso-administrativa".

PRESCRIPCIÓN

En relación al delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, el letrado señala que habría prescrito, puesto que la suscripción del contrato de otorgamiento de opción de compra fue el 23 de febrero de 2006 y las diligencias previas no se abrieron hasta el 27 de abril de 2009.

Por último, alude al delito de fraude y exacciones ilegales para aseverar que Mercasevilla "no es administración pública, ni se desarrolla defraudación a un ente público", sino que "es una entidad que se rige con voluntad independiente y no delegada por el Ayuntamiento", mientras que el concurso no fue necesario ni se trató de una contratación pública en sí, "pues podría efectuarse por adjudicación directa al ser bienes de la entidad y no del Ayuntamiento".