El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno seguir modernizando la Administración de Justicia bajo principios de eficiencia y eficacia de los medios de que dispone, e insta a extender territorialmente la implantación del nuevo esquema de oficina judicial.

Así consta en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se ha presentado para su debate en la Comisión de Justicia y en la que explica que la implantación de la oficina judicial se inició hace tres años, el 10 de noviembre de 2010, con su entrada en funcionamiento en Burgos y Murcia.

"Sin embargo, el planteamiento erróneo con el que se ha ido realizando ha conducido en muchos casos a su fracaso", advierten los 'populares', que defienden que "hacía falta" el nuevo modelo de oficina judicial en el que el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón ha estado trabajando.

En su opinión, experiencias pasadas han demostradoque fijar un prseupuesto para acometer la reforma de la Justicia no es "garantía de éxito". Ponen como ejemplo la legislatura pasada en la que se invirtieron, entre 2009 y 2011, alrededor de 388 millones de euros y se contempló el desarrollo de 96 proyectos, que "en su mayoría ni llegaron a ver la luz".

Medidas concretas

El Grupo Parlamentario Popular ha mostrado su apoyo al Plan de Acción de la Administración de la Justicia 2012-2014 y ha solicitado el Ejecutivo que adopte "medidas concretas" para avanzar en la implantación de la oficina judicial, que, como indica la ley, es "la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales".

Esta nueva distribución persigue una tutela judicial efectiva "accesible, rápida y que asegure una adecuada defensa de los derechos de todos los ciudadanos" a través de una organización de profesionales "altamente cualificados" y de medios materiales y técnicos precisos para desempeñar su misión de modo ágil y atento a la ciudadanía.

Entre sus objetivos, consagra un modelo de cooperación y coordinación eficaz con todas las instituciones que participan en el ámbito de la Justicia y con la comunidad internacional en su conjunto.