La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en la noche de este jueves una fianza de responsabilidad civil de 1.546.000 euros para el consejero delegado de Surcolor, Manuel Rafael Castilla, la misma cantidad que solicitó anteriormente para el presidente del consejo de administración de esta empresa, Antonio Manuel Bustamante, ambos imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla imputa a ambos empresarios delitos de prevaricación, contra la hacienda pública y tráfico de influencias, entre otros.

Durante su declaración, Manuel Rafael Castilla ha asegurado que siempre fue reacio a incluir en las pólizas de prejubilación vinculadas al ERE de Surcolor a dos trabajadores ajenos a la empresa, como fueron José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), y José Antonio Márquez, concuñado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

No obstante, el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas le aseguró que no se trataba de nada irregular, a lo que se sumó que recibió un fax procedente de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía en el que la Junta se comprometía a abonar las pólizas de los 24 trabajadores de la empresa y también de las dos personas ajenas a la misma.

Tras finalizar pasadas las 22,00 horas la declaración del segundo empresario de Surcolor, deben comparecer ante la juez el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez, y su homólogo en Sevilla, Juan Antonio Caravaca.