El Constitucional da la razón a una trabajadora a la que negaron la reducción de jornada por maternidad

EFENOTICIA26.01.2007 - 18:08h
  • El TC ha anulado la sentencia anterior de un tribunal de Madrid en la que se le negaba esta reducción.
  • La había solicitado a la empresa para atender a su hijo menor de seis años.
  • Para el TC fue un "obstáculo innecesario".
El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo a una cajera de supermercado a quien se denegó la
reducción de jornada por maternidad, al considerar que el juez que dio la razón a la empresa no valoró adecuadamente si ello constituía o no un obstáculo para la compatibilidad de la
vida familiar y laboral.

La trabajadora desarrollaba su jornada en turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y de 16:00 a 22:15 horas, y en agosto de 2003 solicitó a la empresa la reducción de jornada por guarda legal de su hijo menor de seis años con un horario de 16:00 a 21:15 horas de lunes a miércoles.

Un Juzgado de lo Social de Madrid denegó la petición de la empleada y acordó que el horario de jornada reducida debía aplicarse en los turnos previamente establecidos de mañana y tarde y de lunes a sábado, con el argumento de que se si accedía a los deseos de la demandante no se daría "meramente" una reducción de jornada, "sino una modificación de la misma".

Ahora, el

TC considera que la negativa del juez a atender la solicitud de la trabajadora se hizo sin analizar en qué medida la reducción de jornada "resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve ni cuáles fueran las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera causar a la empresa".

La sentencia añade que la denegación de la reducción de jornada se convirtió en un "obstáculo injustificado" para la permanencia en el empleo de la trabajadora "y para la compatibilidad de su vida profesional con su vida familiar y, en tal sentido, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo, de acuerdo con nuestra doctrina".

La resolución, de la que ha sido ponente la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, concluye todas aquellas medidas legales tendentes a facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral "han de prevalecer y servir de orientación ante cualquier duda interpretativa".

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