El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha expresado este jueves la satisfacción de Gobierno autonómico por el contenido de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso al proyecto de Ley de Reforma Local del Ejecutivo de la nación ya que cumplen un 70 por ciento de los objetivos planteados por la Comunidad y consiguen que se avance "por un camino razonable y racional" en favor de los intereses de Castilla y León.

"Se nos ha hecho caso en un 70 por ciento y por eso estamos satisfechos", ha insistido el portavoz de la Junta quien, tras recordar que todavía queda margen de mejora en el trámite del proyecto de Ley en el Congreso y en el Senado, ha significado que esas enmiendas atiendan las especiales peculiaridades del medio rural de Castilla y León.

De Santiago-Juárez ha destacado en concreto la incorporación de una nueva letra en el articulado del proyecto de Ley que permite coordinar a través de convenios con diputaciones o ayuntamientos la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y cuyo coste se había cifrado en unos 30 millones de euros de tener que ser asumido por la Junta de Castilla y León, aspecto que, según el portavoz, se ha descartado con las enmiendas.

El portavoz ha explicado a este respecto que las enmiendas dejan claro que el mantenimiento de esos consultorios locales es una "competencia propia" de las diputaciones y de las entidades, una función que "estaba en riesgo" con la anterior redacción del articulado del proyecto de Ley ya que la obligación de la Junta es poner a disposición de esos centros los recursos asistenciales (médicos, enfermeras y aparataje, como camillas).

Otra de las peticiones "no menores" de la Junta asumidas a través de esas enmiendas ha sido la de ampliar el plazo inicial de tres meses al 31 de diciembre de 2014 para que las entidades locales puedan rendir cuentas, al igual que el tiempo que se había concedido para las sociedades públicas dependientes de estas corporaciones.

De Santiago-Juárez ha recordado a este respecto que un tercio de las entidades locales menores que hay en España están en Castilla y León (2.300 en la Comunidad, especialmente en León, Palencia y Burgos) por lo que ha destacado la importancia de ampliar el plazo para la presentación de unas cuentas que, de no hacerse, llevará a la desaparición de esas corporaciones que, además, "no tienen tradición" en esa dación de datos.

En cuanto a la petición de la Junta para ampliar a cinco años la asunción autonómica de las "competencias propias" de los ayuntamientos en materia de servicios sociales —el plazo ha quedado en tres años finalmente—, el portavoz ha considerado que "no está mal" ya que hay tiempo para negociar un traspaso que coincidirá, además, con la revisión de los modelos de financiación autonómica y local, lo que dará "una herramienta" para esa negociación.

"No hemos llegado al cien por cien, se pedían cinco años", ha reconocido el consejero de la Presidencia, para quien las enmiendas del PP en este sentido sí abren la puerta al mantenimiento del modelo de servicios sociales "de éxito" que existe en la actualidad en Castilla y León.

En anteriores comparecencias, De Santiago-Juárez había cifrado en unos 150 millones de euros el coste de "improvisar" el traspasado de la atención residencial, que, a su juicio, sí puede ser más eficiente atendida por la Junta dentro de una gran red residencial pública a lo largo de todo el territorio.

En el 'debe' de las peticiones de la Junta han quedado las relativas a los CEAS, donde el Ejecutivo central propone la asunción de las competencias por parte de las autonomías en todo lo relativo a los servicios sociales residenciales.

El consejero de la Presidencia ha explicado siempre que en el caso de Castilla y León el servicio de atención de proximidad que no sea residencial y la residencial se simultanea y se cubre por los 1.500 empleados que trabajan en los CEAS con cargo a las diputaciones y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con un gasto en torno a los 51 millones de euros, que se duplicarán (102 millones de euros) de tener que seguir las indicaciones del Gobierno que aboga porque las comunidades contraten a otras tantas personas (1.500 en el caso regional) para la atención residencial.

Dicho esto, ha significado que a través de las enmiendas se pueda mantener el actual modelo para los convenios ya suscritos, aspecto que se cumple en el caso de Castilla y León con la reciente firma del Acuerdo Marco entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con los ayuntamientos y las entidades locales para un periodo de dos años.

"Aquí no gana nadie, sino el sentido común y los ciudadanos", ha significado el consejero de la Presidencia, que ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo de todos los parlamentarios 'populares', con especial atención a José Antonio Bermúdez de Castro, en el Congreso, y a Antolín Sanz, en el Senado.

"El drama de la Ley se empieza a entender", ha concluido el portavoz, para quien el "criterio básico" es no duplicar el gasto de ninguna de las administraciones públicas.