El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, se ha reunido con representantes de la comunidad educativa para analizar las últimas modificaciones del contenido y el estado del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el responsable autonómico rechaza por "vulnerar" principios como el de igualdad o de carácter compensatorio.

Durante la reunión, según ha expuesto la Junta en una nota, el consejero ha informado que el Gobierno andaluz ha solicitado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado con el fin de paralizar esta normativa antes de que sea definitivamente aprobada, ya que, según Alonso, "es la mayor agresión recogida en la democracia a los derechos fundamentales de la educación y la igualdad". Esta comisión la han solicitado también otras comunidades como Cataluña y Asturias.

Así, el consejero ha precisado que la reforma educativa se opone "frontalmente" al desarrollo y ejecución de derechos y competencias que se recogen fundamentalmente en los artículos 21 y 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en la Ley de Educación de Andalucía, especialmente los vinculados a la garantía del principio de igualdad, al carácter compensatorio de la educación en Andalucía y a materias relacionadas con la evaluación.

En este sentido, la Junta está analizando el texto detenidamente para "asentar los argumentos" con los que recurrir la Lomce ante el Tribunal Constitucional, una ley que "ha sido rechazada por todos los grupos políticos a excepción del PP", ha recordado el consejero.

Alonso ha explicado los dos conceptos que definen esta ley: por un lado, el carácter "mercantilista, que actúa sobre la educación como un producto de mercado", y, por otro, un concepto ideológico "que no va hacia una educación integral, sino hacia una mano de obra barata". Ambos, según el consejero, deberían estar "fuera de esta norma que influye desde la infancia en el desarrollo personal, social y económico de los ciudadanos".

Para el titular autonómico de Educación, esta ley va a poner en marcha una batería de medidas que va a dividir al alumnado, a los centros y al profesorado, como el adelantamiento del procedimiento de elección entre FP y Bachillerato, "que favorece la segregación temprana"; la creación de un FP básica "que difícilmente conducirá a la obtención de una titulación básica imprescindible para la integración de los alumnos al mundo laboral"; o la publicación de rankings de centros docentes "para estimular la demanda de determinados colegios y alentar el trasvase del alumnado con más dificultades hacia la enseñanza pública o las reválidas que seleccionan e impiden la promoción del alumnado".

Asimismo, el consejero ha explicado que esta ley da "un paso más" en la asignatura de Religión, a la que se le otorga valor académico, una norma que vuelve "al oscurantismo de los años 60".

"A pesar de la 'ley Wert', Andalucía va a seguir apostando por una educación compensatoria con la continuidad de programas como la gratuidad de libros de texto, transporte escolar gratuito, mantenimiento de los precios públicos en el servicio de comedor, aula matinal y actividades extraescolares o el sistema de bonificaciones", ha asegurado Alonso.