El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha expresado este martes su rechazo al proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias que se tramita en el Congreso de los Diputados por considerar que no sólo plantea la "liquidación del sistema de cajas conocido hasta ahora", sino que además "pone en riesgo la obra social".

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que la Junta no está de acuerdo con el "fondo" de la norma y tampoco con el contenido porque se trata de un "texto ambiguo tal y como está redactado porque no aclara las competencias de las comunidades autónomas".

Ante esta situación, y dado que el proyecto de Ley culmina a finales de semanal el periodo de enmiendas en el Congreso, Vázquez ha indicado que la Junta traslada dos peticiones al Ministerio de Economía y Competitividad para mejorar el texto, con amplio contenido de legislación básica que obliga a las comunidades autónomas a modificar su propia normativa en materia de cajas en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

En primer lugar, la Junta quiere la futura Ley recoja y "deje claro" que la actividad fundamental de una fundación bancaria es su obra social, de forma que cuando se desarrolle prácticamente en su totalidad en una comunidad autónoma sea dicha comunidad "la responsable de ejercer su protectorado".

Junto a ello, el Gobierno andaluz traslada al Ministerio que considera "innecesaria y excesiva la petición de dotar un fondo de reserva" a las entidades resultantes del proceso de conversión de las cajas de ahorros en fundaciones bancarias "porque puede suponer un claro riesgo para el desarrollo de la obra social".

En cuanto al hecho de que el texto que se está tramitando en el Congreso establezca la incompatibilidad del cargo de patrono de una fundación (integrante del máximo órgano de gobierno) y el desempeño de cargos equivalentes en la entidad bancaria, la Junta entiende que esa incompatibilidad debería flexibilizarse en línea con la opinión del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que han expresado su disconformidad con la prohibición.

Preguntado sobre si esta norma estatal podría dejar en "papel mojado" la Ley andaluza de cajas de ahorro, Vázquez ha señalado que se trata, sin duda, de un texto que tiene un importante componente de legislación básica que obliga a las comunidades autónomas a adaptar sus respectivas leyes a la nueva normativa estatal, con un plazo de seis meses, el mismo que también se da a las futuras fundaciones bancarias para adaptar sus estatutos y reglamentos.

"Por lo tanto, tiene una incidencia directa en la comunidad autónoma", según ha señalado el portavoz del Ejecutivo andaluz.