La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Santander, Judith Pérez Ezquerra, ha acusado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, de ser el "cómplice" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el "desmantelamiento" de los servicios municipales.

Pérez Ezquerra ha advertido que la reforma de la administración local "ideada por Rajoy y aplaudida por De la Serna" supondrá la "privatización" de los servicios que prestan los ayuntamientos y "empobrecerá" a la sociedad y provocará "desigualdades" entre los ciudadanos.

"El afán de De la Serna por ganar puntos en el PP lo pagarán todos los ciudadanos, que son los grandes perjudicados de esta Ley", ha alertado la portavoz socialista, quien cree que la FEMP tiene en estos momentos al "peor" representante posible porque "De la Serna sólo piensa en contentar a Rajoy".

Según ha explicado, la reforma "privará" a los ayuntamientos de la capacidad que tienen de resolver los problemas de los ciudadanos porque "dejarán de prestar servicios sociales y de proximidad".

Así, ha subrayado que supone "un recorte más a los ciudadanos", que, según ha defendido, "no pueden ser los paganos de la situación económica".

La portavoz del Grupo Socialista ha recordado que el propio Consejo de Estado emitió un dictamen "muy duro" contra la reforma, al tiempo que ha considerado "lamentables" las declaraciones de De la Serna apelando a la unidad porque "los únicos que están fuera del consenso es el PP. Todos los partidos políticos menos el PP estamos de acuerdo en que esta reforma supone un atropello a los ciudadanos".

"Con esta reforma el PP ha vulnerado la de la Ley de Reguladora de la Bases de Régimen Local que, al igual que la Constitución, fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos", ha manifestado.

Pérdida de empleo

En esta línea, Pérez Ezquerra ha acusado al Gobierno de "ignorar" que los servicios públicos no pueden valorarse exclusivamente por criterios económicos, sino que también debe tenerse en cuenta el "beneficio social" que comportan a sus usuarios, los ciudadanos.

Además, ha señalado que otra de las consecuencias "más alarmantes" de la aplicación de esta ley es que a través del "desmantelamiento" del sector público local "pondrán en peligro miles de empleos públicos".

En su opinión, la reforma del PP pretende "acabar con los servicios municipales y no dotarlos de financiación", ha concluido.