El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha negado que la Junta de Andalucía haya contratado abogados externos a su gabinete jurídico para la defensa de altos cargos del Gobierno andaluz imputados en el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

En respuesta a una pregunta oral formulada en comisión parlamentaria por el PP-A, el consejero del ramo ha negado tal circunstancia, aunque ha indicado que la ley permite que, "por motivos excepcionales y cuestiones de incompatibilidad", la Junta pudiera contratar abogados externos, siempre con el informe previo de su gabinete jurídico.

Si bien, ha querido dejar claro que las solicitudes que la Junta ha recibido por parte de altos cargos para asumir su defensa en el caso de los ERE están siendo tramitadas por "quien corresponde", el gabinete jurídico de la Administración andaluza, que sólo ha asumido la defensa de Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo.

Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Ruiz ha indicado que aunque el Gobierno andaluz niega haber contratado abogados externos, "la prensa publica que una serie de bufetes han presentado facturación de alrededor de 1,5 millones a la Junta en relación al caso de los ERE", por lo que ha pedido explicaciones al respecto.

Ruiz, que ha recordado que la Junta aseguró hace años que se haría cargo de la defensa del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, ha pedido al consejero que aclare qué tipo de contratación o convenio se está realizando desde la Administración andaluza con abogados externos. "Y si existe, díganos el coste y si ha salido a licitación pública", ha añadido.