La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha indicado que el partido "baraja seriamente" denunciar las acciones "irrespetuosas y vandálicas" que ocasionen desperfectos en las protestas de los extrabajadores de Delphi.

Según ha indicado Armario a Europa Press, aunque el PSOE considera "legítimo" su derecho a reivindicar su situación laboral y entienden su "frustración", lamenta al mismo tiempo la "presión" que ejercen sobre cargos institucionales y orgánicos del PSOE que "lo único que han tratado siempre es de ayudarles en su situación".

Cabe señalar que un grupo de extrabajadores de Delphi secundó este lunes una concentración espontánea en Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde increparon e insultaron al diputado socialista y expresidente de la Junta, Manuel Chaves, que participaba en un acto público en dicha localidad.

Explica la dirigente socialista que "hasta ahora nunca se ha pedido la intervención de la Policía, por muy duras que hayan sido las protestas", pero avisa de que se hará "si no queda más remedio" con el objeto de "preservar la integridad física de las personas y asegurarnos de que no corren el más mínimo peligro".

La decisión tomada por el PSOE se produce después de que cargos orgánicos e institucionales hayan tenido que "soportar personalmente amenazas, agresiones e insultos", lo que se suma a los "desperfectos que han ocasionado en casas del pueblo como las de San Fernando, Chiclana o la propia sede provincial".

"El último episodio fue este lunes en el acto de Chaves, pero esta misma semana el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, que tiene que ejercer su cargo con escolta, ha tenido que soportar una situación de extrema violencia y vejaciones". Añade que la secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha sido también "víctima del vandalismo que han llevado los extrabajadores hasta su propia localidad y todo tiene un límite", explica.

Asegura que "han traspasado la línea de lo permisible en demasiadas ocasiones" y advierte de que el PSOE "no va a consentir amenazas personales".

Argumenta que la Junta de Andalucía "se volcó siempre para buscar una salida a esos trabajadores pero la situación de crisis, que truncó sus expectativas como las de 200.000 personas en la provincia, obliga a que se les proporcionen las mismas ayudas que, en un marco general, se le está ofreciendo a trabajadores del sector del metal afectados también por los ERE".

Finalmente, destaca que la junta "ha cumplido el protocolo", pues de los 1.900 afectados por el cierre de Delphi iniciales "quedan 500 por recolocar". Entiende, además, que es "inmoral e injusto" hacerlo a través de ayudas especiales cuando "tenemos a 200.000 personas en la misma situación". En esta línea, concluye que "la falta de entendimiento entre lo que quieren y lo que se puede hacer no puede justificar actitudes irrespetuosas, ni mucho menos aún acciones susceptibles de ser calificadas como un delito".