La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha expresado este martes su "sorpresa" por las "expresiones gratuitas" contra el Ministerio Público vertidas por la juez Mercedes Alaya en el auto por el que archiva la causa contra seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla.

En este sentido, la fiscal jefe de Sevilla muestra su "sorpresa" por el hecho de que "en un auto judicial se viertan expresiones gratuitas sobre el fiscal, absolutamente ajenas al debate procesal y a la argumentación jurídica que debe presidir una resolución judicial".

Asimismo, María José Segarra considera que "no es oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin con la contundencia que el reproche social a las conductas fraudulentas merece".

En el auto, consultado por Europa Press, por el que archiva la causa respecto a los seis empresarios mencionados, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla arremete duramente contra la Fiscalía de Sevilla.

"error de cómputo" por parte de la fiscalía

En primer lugar, recuerda que fue el Ministerio Público quien solicitó el 3 de abril de 2013 la declaración como imputados de los representantes legales de las entidades Realia Business, Prasa, Sociedad Azucarera Larios, Edamar y Construcciones Juan Robles, que fueron los licitadores que concurrieron al concurso público convocado por Mercasevilla "con la presunta aviesa intención, junto a ésta y Sanma, de fijar artificialmente un precio favorable a ésta última a fin de que se adjudicara el referido concurso".

Tras ello, y a instancias de uno de los imputados, solicitó que se declarara extinguida la responsabilidad criminal de los empresarios por prescripción de los delitos, punto en el que Alaya asevera que "ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal", ya que tales delitos "estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones", un "error" que "seguramente" está "justificado" por la asistencia del fiscal "a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".

Así, y en primer lugar, la juez critica que dicho "error" por parte del Ministerio Público ha provocado "cierto retraso en la tramitación" de las actuaciones, "pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año", y en segundo término ha originado "un esfuerzo inútil", pues "hubo que tomarles declaración" al considerar que "el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta en el precedente escrito".

Instrucción judicial "medida y cuidada"

Además, "ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", a lo que hay que sumar, asimismo, "las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática".

De este modo, la juez ha archivado la causa respecto a Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como respecto a Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness.

Asimismo, también archiva la causa respecto a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar —empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007—, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.