El Gobierno andaluz ha querido dejar claro que su Ley de función social de la vivienda, en virtud de la cual se ha aprobado este martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda en Huelva, está "muy bien pertrechada de argumentos jurídicos y tiene la legitimidad del pueblo andaluz a través de su Parlamento".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha aprobado el citado expediente, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado que con esta medida, se demuestra que el Gobierno andaluz es sensible ante el drama de los desahucios y en apenas 20 días de la aprobación de la nueva Ley de función social de la vivienda ha retomado el trabajo paralizado por el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) del Gobierno de la Nación contra el anterior decreto sobre la misma materia.

Ha querido dejar claro que el objetivo del Gobierno andaluz no es otro que dar una respuesta urgente y social a las familias que peor lo están pasando con esta crisis.

Miguel Ángel Vázquez ha recordado que hay una petición de la Junta al Gobierno central para que se convoque la comisión bilateral para dirimir las diferencias que pudieran existir entre ambas administraciones y poder evitar un nuevo recurso contra esta norma, si fuera así la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha puesto de manifiesto, en la misma rueda de prensa, que el Gobierno andaluz y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, están siendo diligentes y rápidos a la hora de atender en profundidad el problema de los desahucios.

Se ha mostrado convencido de que a esta primera actuación, se sucederán otras porque la Ley está para beneficiar a esa mayoría social que sufre las consecuencias indeseables de estar al límite de elementos de desahucio.