Los jueces de Instrucción de Sevilla, reunidos este lunes en junta, han expresado su "total apoyo y aprecio" a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tras "los insultos, presiones, coacciones e intimidaciones" sufridos el pasado jueves, cuando varias decenas de simpatizantes de los sindicatos CCOO y UGT se concentraron frente a los juzgados para pedir la libertad de los compañeros detenidos en la segunda fase de la operación 'Heracles'.

En el comunicado hecho público tras la junta, en la que han participado 16 de los 20 jueces de Instrucción de Sevilla y que ha contado con la asistencia de la propia Mercedes Alaya, los jueces reconocen por unanimidad "el enorme esfuerzo profesional, personal y familiar que está haciendo" la magistrada y aseveran que "tales críticas, insultos, presiones, coacciones e intimidaciones y, en su caso, falta de colaboración, no pretenden otra cosa que socavar, en beneficio de unos pocos, uno de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho y constituyen un flagrante incumplimiento de la Constitución".

Hay que resaltar que los magistrados reunidos en la junta de jueces han decidido que los medios de comunicación, convocados previamente por el Decanato de los juzgados, no pudieran entrar a captar imágenes o sonido de la reunión, por lo que la única información trasladada a los periodistas ha sido la recogida en el comunicado de prensa referido anteriormente.

"no es admisible bajo ningún concepto la crítica personal"

En dicho comunicado, consultado por Europa Press, ponen de manifiesto que la función de los jueces es la de "tutelar y defender los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos mediante el dictado de las correspondientes resoluciones, pudiendo ejercerse crítica de ellas, lo que no sólo es admisible sino también bueno", pero aseveran que "lo que bajo ningún concepto es admisible es la crítica personal, los insultos, presiones, coacciones e intimidaciones".

Y es que, añaden, "no de otra forma cabe interpretar determinadas concentraciones ante los edificios judiciales y las expresiones que en las mismas y en otros foros se manifiestan, cada vez de manera más habitual, y a nuestro entender en un incorrecto, y en ocasiones abusivo, uso de la llamada crítica política, contra quienes en el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional dictan resoluciones", punto en el que critican que "tampoco es admisible no prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales".

En esta línea, resaltan que "en absoluto es correcto hacer un uso partidista o interesado de las resoluciones judiciales para los fines de cualquier partido político, institución o asociación de cualquier índole, ni pedir a la Administración de Justicia, a destiempo o cuando interesa, celeridad en la resolución de los asuntos", todo ello además "cuando desde tiempo inmemorial estamos poniendo de manifiesto nuestra absoluta carencia de medios para el cumplimiento de la función que el pueblo español nos ha encomendado, medios que deben ser facilitados por los otros dos poderes del Estado".

Críticas a la falta de medios legales,

Humanos y materiales

Por este motivo, exigen "a todos los integrantes de los otros dos poderes del Estado" e instituciones y asociaciones "de cualquier índole" el "pleno respeto profesional y personal" a Mercedes Alaya "y a cualquier otro juez o magistrado, así como a toda persona investida de autoridad o agente de la misma, por las decisiones que en el legítimo ejercicio de su función tome o deba tomar".

También exigen a los integrantes de los otros dos poderes del Estado "que faciliten a la Administración de Justicia los medios legales, humanos y materiales necesarios para el libre y pleno ejercicio de la función jurisdiccional y correcto desarrollo de los procesos, precisamente para la total tutela y defensa de los derechos e intereses legítimos" de todos los ciudadanos.

La junta de jueces ha estado presidida por Manuel Centeno, juez decano en funciones ante la ausencia de Francisco Guerrero.