PSOE-A pide que la Junta medie entre Panrico y sus empleados para garantizar el funcionamiento de la planta

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la Junta de Andalucía que "asuma y realice el papel de mediadora" entre la empresa Panrico y los trabajadores de su única planta productora en la comunidad, sita en la localidad cordobesa de Puente Genil.

Esta petición se realiza en el marco del conflicto laboral que mantienen abierto ambas partes desde que la compañía, en concurso de acreedores, decidiera suspender el pago de las nóminas a todos sus empleados y éstos amenazaran con una huelga que finalmente se ha desconvocado finalmente esta semana tras alcanzar un acuerdo para el pago de los salarios.

Pese a dicho compromiso, el PSOE-A instará, a través de una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno a realizar un "seguimiento de la actividad" y, en especial, de "las condiciones laborales y retributivas" de los empleados de Panrico en la región para "garantizar el normal funcionamiento de la planta y el cumplimiento de los compromisos de mantenimiento de empleo adquiridos en las solicitudes de ayudas públicas".

Además, los socialistas piden al Parlamento andaluz que muestre su "total apoyo y solidaridad con los trabajadores de la planta andaluza de Panrico" y exprese su deseo de que "recuperen lo antes posible la normalidad en la percepción de sus retribuciones y conserven sus condiciones laborales y retributivas".

La de Puente Genil es la única planta productora de Panrico que queda en Andalucía después del "reajuste de la actividad" que la empresa realizó en 2012 con el cierre de la fábrica que mantenía en Sevilla capital y de la que parte de sus trabajadores fueron integrados en la fábrica pontana.

Según recuerda el PSOE-A, "la empresa justificó el entonces importante ajuste de plantilla para garantizar el mantenimiento del resto de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores", por lo que ahora exige el "cumplimiento de los compromisos de mantenimiento de empleo adquiridos".

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