La plataforma de extrabajadores y empresarios afectados por las deudas e impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla y en proceso de liquidación, ha celebrado una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. El colectivo de extrabajadores y empresarios, sobre todo, reclama a la clase política un esfuerzo para que prospere el expediente de liquidación ya aprobado de forma inicial por el pleno de esta institución en vías de extinción.

A comienzos de septiembre, por cierto, fue expuesto a alegaciones el expediente de liquidación aprobado de forma inicial por el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir el pasado 25 de junio, cuando la propia plataforma de afectados celebró una protesta a las puertas de la sede de esta institución en vías de liquidación.

Expediente de liquidación

Las cifras contenidas en este expediente de liquidación, según la documentación recogida por Europa Press, reflejan que la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir cuenta con un pasivo de 52.204.879 euros calculado a fecha de 30 de abril de 2013 por la "deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, ministerios y diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales y la previsión del coste que supondrá realizar el sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija".

En concreto, este pasivo suma 8.111.413,26 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia Mancomunidad y 44.093.466,34 euros del propio pasivo de la Mancomunidad, siendo esta última cifra repartida entre los once municipios de la Mancomunidad. Así, y por ejemplo, Los Palacios y Villafranca recibe las obligaciones de 4.374.635,17 euros de este pasivo, Utrera un pasivo de 5.837.849,23 euros y El Coronil un pasivo de 754.241,63 euros.

Enajenación de activos

El expediente, además, contempla la enajenación mediante subasta de los bienes inventariados de este organismo, así como la reversión a los ayuntamientos de numerosos inmuebles e infraestructuras, el arbitrio de la Junta de Andalucía en cuanto al pago de la deuda que se transfiere a los ayuntamientos mancomunados y una fiscalización a manos del Tribunal de Cuentas, a la búsqueda de posibles "responsabilidades técnicas y políticas".

La plataforma de afectados, constituida por extrabajadores, empresarios y autónomos que prestaban servicios a esta administración, ha trasladado de su lado a Jesús Maeztu "la imperiosa necesidad de que el próximo pleno de la Mancomunidad, en el que se votará la aprobación definitiva de disolución de la entidad, ratifique dicha aprobación una vez resueltas las alegaciones presentadas".

Mensaje a los políticos

A tal efecto, los afectados reclaman al PSOE, como principal fuerza política de la institución, "un acuerdo en el seno del propio grupo político" de cara a la aprobación definitiva del expediente de liquidación, recordando que los socialistas de Cádiz han votado "en contra" del documento. En cuanto a las fuerzas de oposición; PP, PA, IU, e independientes, los afectados les piden "no impugnar dicho acuerdo", pues eso "supondría dejar a la Mancomunidad en un limbo que eternizaría en los juzgados la asunción de la deuda por parte de los ayuntamientos".

Igualmente, han elevado a Maeztu la "lentitud de los Tribunales de lo Social y de lo Contencioso Administrativo a la hora de resolver las demandas de los trabajadores y proveedores a cuenta de los impagos, así como del drama social que se avecina cuando en pocos meses se acaben las prestaciones por desempleo". El Defensor del Pueblo Andaluz, según la plataforma de afectados, se ha comprometido a mediar en todos estos aspectos.