El rector de la US teme que la reforma universitaria sea "otra ley provisional que cambiará otro gobierno"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha expresado su temor de que la reforma universitaria que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyos trámites se iniciarán una vez culmine la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), copie precisamente el modelo de ésta y se convierta, "desgraciadamente" en "otra ley provisional que cambiará otro gobierno".
Antonio Ramírez de Arellano
Antonio Ramírez de Arellano
EUROPA PRESS
Antonio Ramírez de Arellano

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha expresado su temor de que la reforma universitaria que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyos trámites se iniciarán una vez culmine la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), copie precisamente el modelo de ésta y se convierta, "desgraciadamente" en "otra ley provisional que cambiará otro gobierno".

En declaraciones a los periodistas, Ramírez de Arellano ha apuntado a la problemática de que la norma pueda validarse sin el apoyo no sólo de la comunidad educativa, sino de otras fuerzas políticas, lo que, a su juicio, la abocaría a quedar al albur de la administración del momento.

Por otro lado, el rector de la Hispalense teme que "a estas alturas del mandato", sin tiempo para el desarrollo de una ley orgánica completa, la reforma se acometa mediante el dictado de reales decretos, sin que "nunca se ponga encima de la mesa el modelo concreto por el que se apuesta".

"Simplemente, se afectaría de manera parcial y sectorial a aspectos fundamentales de la universidad, sin pasar por el Parlamento y sin el debate necesario", ha indicado Ramírez de Arellano, para quien la legislación bajo esta fórmula supone también la inestabilidad de la normativa.

Ha apostillado que ello sería "de los peores efectos sobre el sistema educativo", llamando a la "responsabilidad" al Gobierno en el uso de las fórmulas legales necesarias.

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