El gobierno local sugiere que sea ocupado el C4 para hacer "el parque temático de la autogestión"

Destaca que el desalojo del colegio ocupado se llevará a cabo conforme a "las medidas legales que procedan"
José María Bellido y Miguel Ángel Torrico
José María Bellido y Miguel Ángel Torrico
EUROPA PRESS
José María Bellido y Miguel Ángel Torrico

El portavoz del gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, responde a cargos de IU en la Junta de Andalucía, como la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el representante de la Vicepresidencia en Córdoba, Pedro García, que "alientan la ocupación ilegal de edificios públicos", que si "les gusta esa forma de proceder", les da "una idea" para que también "la recojan" los colectivos y las personas que ocupan el colegio Rey Heredia, como es que ocupen "un centro que está vacío de la Junta, que es mucho más grande, más bonito y está mejor situado", como el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea, el conocido C4, "para que hagan el parque temático de la autogestión".

En una rueda de prensa, acompañado por el concejal de Hacienda y Gestión del Consistorio, José María Bellido, el también edil de Presidencia ha censurado este jueves que son "gravísimas" las declaraciones de ambos dirigentes, y apunta que "si lo estiman oportuno, que pongan el parque temático de la autogestión en el C4 a ver qué dicen García y Cortés".

Y es que, advierte de que es "un tema tan serio" que le parece "absolutamente temerario hacer ese tipo de declaraciones", como que "desde la Junta se aliente la patada en la puerta a edificios públicos que no son propiedad de una persona, entidad privada o empresa", sino que es de "todos los cordobeses y por decisión legítima y democrática de los cordobeses", el gobierno local tiene "la responsabilidad de gestionar ese patrimonio temporalmente y es lo que se va a hacer aplicando la Ley, la Constitución y el marco jurídico".

Al respecto, ha explicado que el desalojo del centro "no se tiene que realizar esta tarde", sino que "se ha dado un plazo de 24 horas, que es lo que procede en el derecho, porque lo que se hizo es una conducta rechazable", puesto que "un bien que es de todos los cordobeses y no se puede usar al antojo de unos pocos, por muy aparentemente justas que parezcan las reivindicaciones".

No en vano, indica que no cree que "la forma de ejercer las reivindicaciones sea la de la patada en la puerta, no es un procedimiento democrático de actuar" y ante ello se les ha hecho "el requerimiento que legalmente procede, dando un plazo razonable para que se produzca el desalojo de forma voluntaria y pacífica, y de no producirse el Ayuntamiento tomará las medidas legales, según el procedimiento jurídico y el marco constitucional", ha subrayado.

En este sentido, aclara que el edificio es de "titularidad municipal" y de hecho apunta que está recogido en dicho inventario, a lo que añade que "la Junta dejó de tenerlo en uso educativo cuando trasladó el grupo escolar al colegio público Fray Albino", de manera que aunque "está afectado a uso educativo, el Ayuntamiento puede destinarlo a otro uso", porque es de su propiedad, ha zanjado.

Al hilo de ello, Torrico comenta que "hay varias propuestas de uso, algunas están en conversaciones con otras administraciones para un uso importante para la ciudad", precisando en este caso que están "intentado cambiar el uso que a ese colegio y todo su entorno tenía previsto dar el gobierno de PSOE e IU con la expropiación y derribo para hacer una zona verde, según la ficha del plan especial del río".

De este modo, explica que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo "se va a trabajar para cambiar la ficha, porque creemos que lo que la ciudad reclama en ese espacio no es su derribo", al tiempo que señala que de llevar a cabo el plan del anterior gobierno "no sería un edifico vacío, sino un solar vacío como el del Palacio del Sur o alguno de la Junta, donde puede haber acamapada autogestionada, en la Ciudad de la Justicia, que lleva vayado y cerrado unos pocos de años", ha apostillado Torrico, quien subraya que el gobierno municipal comunicará "las medidas que legalmente procedan" una vez que "se adopten".

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