El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha respondido este jueves a la pregunta formulada por el PP en el Parlamento andaluz sobre el posible uso de la partida 31L, conocida por el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares en Andalucía, asegurando que la Junta ya denunció las posibles irregularidades en febrero de 2011 y que ha solicitado que se reintegre a las arcas públicas "lo indebidamente cobrado".

En la Cámara andaluza, Sánchez Maldonado ha contestado a la cuestión planteada por la parlamentaria granadina del PP Ana Vanessa García, quien ha pedido explicaciones al consejero por la participación de la entonces delegada del Gobierno andaluz y actual secretaria general del PSOE granadino, Teresa Jiménez, y le ha reclamado medidas para que lo ocurrido en este caso "no vuelva a suceder" y el dinero sea devuelto.

La pregunta se ha llevado al Parlamento andaluz después de que haya trascendido un informe de la Guardia Civil en el que se apunta que el conflicto se solucionó mediante el ingreso de 900.000 euros a las empresas implicadas para financiar las subidas salariales que reclamaban los trabajadores y que supuestamente procedían del llamado "fondo de reptiles" del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares en Andalucía.

"Fue una huelga de basuras y un conflicto laboral entre dos empresas privadas con sus trabajadores, una huelga que molestaba mucho a la Diputación socialista y que fue resuelta con el dinero de los parados andaluces. ¿Utilizan ustedes la Administración autónomica para activar y desactivar huelgas molestas? Las que le interesan, por supuesto, las que afectan a la imagen de sus gobiernos, desde luego. Ustedes han utilizado la partida 31L para comprar la paz social. Parece que el fondo de reptiles, además de para financiar amigos, servía también solucionar los problemas de su partido", le ha reprochado la parlamentaria 'popular' al consejero.

Sin embargo, Sánchez Maldonado se ha limitado a responder que tras las firma del convenio provincial que puso fin a la huelga se detectó la presencia de dos personas "sin ninguna relación con las empresas implicadas", irregularidades que se denunciaron "el 25 de febrero de 2011" a la Brigada Provincial de la Policía Judicial y que "con posterioridad se dio al inicio del proceso de reintegro del coste de lo indebidamente cobrado".