Este miércoles ha quedado visto para sentencia ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Huelva el juicio contra diez personas, supuestamente pertenecientes a una red de narcotráfico, incluidos dos guardias civiles, que supuestamente les ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense. Durante el mismo, tres de estos acusados se han conformado con los hechos y los agentes se han acogido a su derecho a no declarar, sin conformarse con los hechos.

El resto de los acusados, otros tres, tampoco se han conformado y sí han declarado dos de ellos a preguntas de su abogado. Así, el primero ha señalado que fue detenido en una vivienda en Gibraleón, donde la Guardia Civil encontró 95 fardos de hachís, y el segundo, el que según los agentes dio permiso para registrar la vivienda, ha subrayado, a través de un intérprete, que no habla nada de español y que los agentes no le explicaron que "necesitaban una orden judicial para entrar en la vivienda".

La vista se ha celebrado este miércoles tras suspenderse el pasado mes de mayo al no ser localizados dos acusados —de nacionalidades ucraniana y marroquí—, que tampoco han comparecido hoy, aunque el juicio se ha llevado a cabo al decretarse una orden de busca y captura.

En cuestiones previas, uno de los letrados ha alegado que se han vulnerado derechos fundamentales al entrar los agentes en la vivienda de Gibraleón de "forma ilegal", por lo que considera que "no puede validarse como prueba", no obstante el Ministerio Fiscal asegura que "no se trata de una vivienda, sino de un almacén" y entiende que "no se vulnera el derecho a la intimidad domiciliaria".

Cabe recordar que el Tribunal Supremo anuló una primera sentencia emitida el año pasado por la Audiencia Provincial de este caso "por anomalías en las fórmulas" al intervenir las escuchas y tras admitir el recurso interpuesto por la Fiscalía, una sentencia que condenó a los acusados a penas de cárcel y al pago de indemnizaciones millonarias.

Los hechos,

Según la fiscalía

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide para los dos agentes de la Benemérita, J.T.G.P. y J.F.D., la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de cohecho. En el caso de J.T.G.P., suma otros dos años y medio de inhabilitación por abandono de destino, y en el del otro agente, tres años más de prisión —uno por receptación y otros dos por falsedad en documento oficial—.

Además de los agentes están acusadas ocho personas más. Cuatro de ellas se enfrentan a cuatro años y diez meses de cárcel por tráfico de drogas y una multa de 18 y 20 millones de euros, una pena que, en los casos de dos personas, se incrementa en un año por otro delito de receptación. Para los otros cuatro restantes el fiscal solicita un año de cárcel por receptación para los tres primeros y tres años por falsedad en documento público y receptación para el cuarto.

Los hechos se remontan a diciembre de 2009 cuando cuatro de los acusados, puestos de común acuerdo y en unidad de fin, custodiaban un total de 95 fardos de hachís, los cuales estaban almacenados en el salón y en otras dependencias de una casa ubicada en Gibraleón, siendo los mismos decomisados por agentes de la Guardia Civil el día 11 de diciembre de 2009 tras proceder al registro de la citada casa con la autorización del propietario y del inquilino de la misma.