El Consorci del Palau Música pide 21 años de cárcel para Millet y deja al margen a CDC

  • Solicita la misma pena para su mano derecha, Jordi Montull, y su hija Gemma.
  • La entidad formada por las administraciones que nutren de fondos públicos al Palau es una de las acusaciones particulares.
  • El Palau de la Música y la Diputación de Barcelona tampoco acusaron a los cargos de CDC imputados por el expolio.
El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (izq.) y su mano derecha, Jordi Montull, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (izq.) y su mano derecha, Jordi Montull, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
ACN
El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet (izq.) y su mano derecha, Jordi Montull, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

El Consorci del Palau de la Música, acusación particular en el caso por el expolio de la entidad cultural, pide una condena de 21 años de prisión y 3,6 millones de euros de indemnización para el exresponsable de la entidad Fèlix Millet, mientras deja al margen a los cargos de CDC imputados.

En su escrito de acusación, el Consorci, entidad formada por las administraciones que nutren de fondos públicos al Palau, acusa a Fèlix Millet, a su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gemma, de un delito continuado de malversación y otro de falsedad en documento oficial, por lo que les pide penas de 21 años de cárcel a cada uno y multas de 288.000 euros.

El escrito solicita también 14 años de prisión para la exdirectora general de la entidad Rosa Garicano y evita formular acusaciones contra los cargos de CDC imputados, formación que, según el juez, se embolsó a través del Palau 5,1 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

El Consorci, que integra a la Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Cultura, pide a los saqueadores confesos del Palau una indemnización de 3,6 millones de euros, de los que ya ha recuperado 2,4 millones por las sumas en efectivo que los imputados han consignado en el juzgado y la venta de sus inmuebles embargados.

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