El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla a varios altos cargos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, entre ellos el viceconsejero y la secretaria general técnica, por "usurpación de potestades públicas por personal que no ostenta la condición de funcionario de carrera".

Según indica el SAF en una nota remitida a Europa Press, concretamente, el sindicato parte de un informe de visita a cursos de formación profesional ocupacional, atribuyéndose el carácter de inspector por parte de la Administración, y de un oficio de la jefa de servicio de Gestión de Proyectos, dirigido a las jefaturas de servicio de Economía Social de las delegaciones provinciales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por el que se autoriza que "evaluadores externos" puedan llevar a cabo inspecciones concretas y que por medio de empresas contratadas puedan recabar información para la evaluación de los planes de formación.

El sindicato apunta que el personal referido en ambos documentos "es externo a la Administración Pública, procedente de la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ahora integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y sobre el cual se han cosechado varias sentencias que evidencian el recurso habitual de dicha Consejería a encomendar el desempeño de potestades administrativas a Faffe, a pesar de lo dictado por jueces y de la propia legislación".

El SAF aprecia posibles delitos de prevaricación y usurpación de funciones, regulados en el Código Penal. Según el sindicato, los hechos denunciados "podrían ser constitutivos del delito de malversación de caudales públicos, dada la gran cantidad de dinero público que se está utilizando de forma indebida e innecesaria para pagar a la extinta Faffe por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios".

Resulta evidente que las competencias atribuidas por ley exclusivamente a los funcionarios, con el apoyo de los denunciados, están siendo desempeñadas por personal ajeno a la función pública, y por tanto fuera del control presupuestario y de intervención que tantos quebraderos de cabeza está originando en los últimos tiempos", asevera el sindicato.

SAF detalla "numerosas sentencias firmes" en su denuncia, entre ellas algunas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que señalan que "la encomienda de potestades públicas a personal 'de la Fundación, que no forma parte de lo que llamamos empleados públicos, es claro que vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, (...) excede del contenido legal que la Fundación puede tener. Y la suficiencia o insuficiencia del personal del Servicio Andaluz de Empleo no puede constituir motivo admisible para encomendar determinadas gestiones a costa de sacrificar principios esenciales. (*) Todo ello con el fin, loable por otra parte, de que los fondos públicos sean destinados a las finalidades previstas y se disponga de ellos con la máxima eficiencia para los intereses generales'".

"la junta actúa contra su normativa"

Para el sindicato, "lo más alarmante es que la Junta de Andalucía actúa contra su propia normativa, como la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública o el Decreto 2/2001, y contra el informe jurídico vinculante, emitido por el propio gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de los criterios jurisprudenciales sentados por los tribunales".

"Es inadmisible, y por tanto una consecuencia directa de la nula e ineficaz gestión de la Junta en la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, que pueda servir como excusa para que personal no funcionario ejerza funciones que implican el ejercicio, de potestades públicas existiendo en las delegaciones territoriales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, plazas vacantes de funcionarios y numerosas plazas cubiertas", asevera el SAF.

Agrega que "existe siempre al alcance de la Junta una relación de puestos de trabajo (RPT) que en cualquier momento se puede modificar para ampliar la plantilla funcionarial de esta Consejería y del SAE, si es necesario, convocar ofertas de empleo público o la selección de funcionarios interinos, avalada por el Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, para la corrección del déficit público", que establece que en 2012 "no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables".

Por tanto, considera que "es la Junta de Andalucía la única responsable, dado que dispone de medios para que hubiera existido ese personal, siendo la limitación de personal un pretexto injustificado".

Asimismo, agrega que la legislación vigente en esta materia "establece que las potestades de inspección, control (administrativos y sobre el terreno), sancionadora y subvencionadora son potestades administrativas, que se concretan, entre otras, en la gestión y tramitación de expedientes administrativos, aún a título de simple consulta, ordenación, clasificación o archivo y la realización de los controles administrativos".