El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado este martes haber dado instrucciones a la Fiscalía de Valladolid sobre el caso abierto por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto ante la petición de la Fiscalía de ampliar el auto de imputación para incluir al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, y del actual concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez.

Torres-Dulce, quien se ha reunido en Valladolid con miembros de la Fiscalía Provincial, ha declarado ante los medios de comunicación que no he tenido que dar ninguna instrucción, "salvo la que genéricamente conoce toda la Fiscalía y la opinión pública", a propósito de este caso, punto en el que ha recordado que no existe "ningún limite para investigar" cualquier tipo de corrupción, "sea urbanística, social, económica o de cualquier tipo", excepto el que fija la legalidad.

"A la Fiscalía de Valladolid no tengo que darle ninguna instrucción más que, exclusivamente y conforme con los criterios estatutarios que se cumplen con rigor, que me den noticia de aquellos asuntos de especial relevancia o trascendencia", ha aseverado antes de reiterar que actúan "dentro del ámbito de la más estricta legalidad".

A su jucio, son las "desigualdades" en este terreno las que "dañan la cultura democrática del país y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en la justicia".

Acompañado por la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, y el del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, Torres Dulce ha defendido la "seriedad y rigor profesional" con que actúa la Fiscalía de Valladolid que, al igual que la de la Comunidad, solicitará a las administraciones los medios suficientes para poder llevar a cabo su labor.

Por ello, ha considerado que el Ministerio Fiscal y la Justicia no se ampararán en el argumento de la falta de medios para investigar a fin de no realizar correctamente su trabajo, punto en el que ha incidido en que "lo único" que pueden hacer, "y estoy seguro que la Fiscalía de Valladolid y el Ministerio Fiscal de Castilla y León lo hacen", es solicitar de las administraciones los medios suficientes.

"Eso no quiere decir que no sigamos luchando para que al Ministerio Fiscal se le adscriban unidades de policía especializada o de delitos tributarios: vamos a seguir pidiéndolo", ha manifestado antes de añadir que la manera de trasladar una imagen de "eficacia de la justicia" ante los ciudadanos "exige la dotación de todo tipo de medios personales y materiales".