El sindicato CSI·F ha instado tanto a la Dirección General de Justicia como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a que convoquen la Junta de Expurgo ante la "saturación" del archivo territorial, situado en la localidad de Riba-roja (Valencia).

Según ha detallado el sindicato en un comunicado, este órgano "decide qué expedientes pueden ser destruidos del archivo territorial". CSI·F reclama una reunión "urgente" porque sostiene que la "saturación actual provoca que no admita ya más expedientes de los partidos judiciales, lo que, a su vez, provoca el colapso de estos".

La central sindical reclama, en su escrito, que "se articulen los mecanismos oportunos para que la Junta de Expurgo actúe de forma eficiente, se atenga a los que preceptúa el Decreto de Archivos 937/2003 de 18 de julio y, al menos una vez al año, determine los expedientes que deben ser eliminados" porque, según ha añadido, "normalmente ya han prescrito o se ha cumplido la sanción dictaminada".

CSI·F explica que el archivo territorial "no está recogiendo los expedientes de los juzgados por falta de espacio, con el peligro de colapso de los juzgados que supone". La central sindical sostiene que "parte de este problema se debe a la falta de diligencia de la Junta de Expurgo, que es el órgano colegiado que tiene como finalidad la eliminación de expedientes o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico".

Solución "rápida"

El sindicato, en esta coyuntura, reclama que la Junta de Expurgo cumpla la normativa y se reúna o que la Conselleria de Justicia "habilite un archivo nuevo, ya que el actual se encuentra saturado". Además, urge a adoptar una decisión "rápida" ya que "se está produciendo una acumulación de papel en pasillos, mesas, estanterías y vías de evacuación en los órganos judiciales que conforme pasan las semanas resulta más grave".

CSI·F recuerda que la Junta de Expurgo está conformada por un fiscal designado por el TSJCV, un gerente territorial asignado por el Ministerio de Justicia, un técnico superior especialista en archivos, un titulado superior de Administración y un secretario judicial.