El profesor de Análisis Económico de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), el doctor Fernando Torrejón Flores, considera que "no existen razones de peso para no confiar en el sistema de pensiones actual", tras la última reforma.

Además, recuerda que, en los últimos años, se han hecho varias reformas "con el objetivo de garantizar a los cotizantes de la seguridad social la sostenibilidad del sistema en el tiempo", según ha destacado en declaraciones a Europa Press.

No obstante, considera que las reformas "deberían enviar señales positivas a los cotizantes para que éstos perciban con claridad que el esfuerzo de hoy de su cotización tendrá su justa recompensa mañana".

Por otro lado, Torrejón no cree que el tejido productivo murciano y su segmentación por regímenes de la Seguridad Social suponga "una desventaja en particular" respecto al resto de España a la hora de aplicar la reforma del sistema de pensiones.

Así, destaca que, tanto en España como en la Región de Murcia, el régimen general y de autónomos "absorben el 70 y 20 por ciento, respectivamente", por lo que, en función de los regímenes, "parece que el impacto más bien podría ser simétrico entre regiones".

Torrejón ha explicado que la actualización de las pensiones hasta ahora se realizaba en función de la inflación prevista anual, mientras que la reforma de pensiones actual "pretende desligar la revalorización de las pensiones del IPC para aplicar un nuevo factor, que indica que anualmente las pensiones se revalorizarían un 0,25%".

Sin embargo, aclara que, en tiempos con crecimiento económico positivo y si los demás factores acompañan como, por ejemplo, con un aumento del cociente número de cotizantes por número de jubilados o el incremento del fondo de reserva, entonces el Gobierno "aumentará el porcentaje de actualización por encima del 0,25". No obstante, puntualiza que no habrá "muchas posibilidades de que vaya a alcanzar a la inflación".

De este modo, considera evidente que la nueva forma de revalorización contemplada en la reforma "provocará una disminución en el poder adquisitivo de la pensión mensual de los beneficiarios".

"Si atendemos el corto plazo, mientras la economía experimente bajos niveles de crecimiento habrá pérdida en el poder adquisitivo de los beneficiarios de pensiones"; mientras que en el largo plazo, "si los tiempos económicos son muy buenos y en años excepcionales los pensionistas recuperarían esa pérdida inicial", aclara.

¿Se puede tasar o cifrar la pérdida de poder adquisitivo que supondrá para los murcianos? ¿se puede hacer una estimación del ahorro que supondrá para las arcas públicas?

Al ser preguntado por la pérdida de poder adquisitivo, Torrejón remarca que la nueva modalidad de actualización de pensiones comenzará a aplicarse en 2014, con una tasa de inflación prevista del 1,5 por ciento, por lo que entonces el poder de compra de la pensión disminuirá en 1,25 por ciento. "Si la inflación fuera mayor, entonces, el poder adquisitivo disminuiría aún más", detalla.

En cuanto al efecto sobre las arcas públicas, este economista puntualiza que el Estado "estima ahorrar aproximadamente 33.000 millones de euros en los siguientes nueve años, lo que supone una cifra equivalente al 3,3 por ciento del PIB".

Torrejón explica que conviene tomar en cuenta que "el 64 por ciento de las pensiones en España tienen un valor nominal menor a 800 euros mensuales y sólo un 3 por ciento está por encima de los 2.500 euros, lo cual quiere decir que una aplicación lineal de la revalorización del 0,25% provocaría que, en términos relativos, las pensiones de rentas más bajas soportarán una mayor pérdida del poder adquisitivo de sus pensiones".

Respecto a los fondos de pensiones privados, Torrejón manifiesta que éstos son "una opción complementaria para aquellos trabajadores que tienen la capacidad de contratar esos productos financieros, especialmente aquellos que tienen rentas altas".

En este sentido, agrega que, en la actualidad, hay más de diez millones de personas que han contratado estos fondos privados. El 75% de las personas aportan a estos fondos alrededor de 300 euros anuales y el 60% de ellas pertenecen al intervalo de edad de entre 40 y 60 años.