El servicio provincial de Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha sancionado a tres empresas de instaladores de gas butano y gas natural —dos con sede social en El Puerto de Santa María (Cádiz) y otra en Granada— que compartían el mismo sistema de funcionamiento cometiendo fraude a los consumidores. La sanción administrativa asciende a un total de 246.000 euros y, en muchos de los casos, las infracciones cometidas se han calificado como "graves".

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha detallado en rueda de prensa que la investigación, iniciada hace "muchos meses", ha detectado que estas empresas que "parecen funcionar con el mismo 'modus operandi' y ser parte de una misma red", han podido facturar "más de un millón de euros en los últimos tres años".

Según ha detallado López Gil, las empresas estaban constituidas legalmente, ya que "hoy en día con la nueva legislación para poder actuar en este sector solo necesitan una declaración responsable". Así, ha informado de que el fraude se daba en la forma de actuar de estas empresas, presentándose en las casas particulares sin previo aviso o petición de los titulares, portando ropa de trabajo con logos de la Junta de Andalucía y documentación con la que simulaban ser un servicio oficial, y asegurando a los usuarios que tenían la obligación de revisarles la instalación.

Aunque los clientes no les dejaran entrar en un principio, les "amenazaban con el corte del suministro o con el miedo a que hubiera fallos en la instalación para acceder a las casas y allí cambiaban conexiones, llegaban incluso a romper tubos". El delegado ha indicado que posteriormente les pasaban facturas por este trabajo que tenían que pagar "en el momento". Para ello, "llevaban incluso datáfonos", según ha apuntado el delegado.

Así, las facturas detectadas por Consumo son todas "superiores a 80 euros, y algunas han alcanzado la cifra de 500". López Gil ha señalado que Consumo ha recibido "cientos de denuncias" por este hecho, "de consumidores de todo tipo, condición social y edad", dando pie a la investigación realizada por Consumo y que ha derivado en esta sanción administrativa.

La junta eleva la denuncia a fiscalía

El delegado de la Junta en Cádiz ha explicado que, además de estas sanciones, desde la Junta han elevado los hechos a la Fiscalía por una doble vía: desde Consumo por falsedad documental, y desde Industria por fraude, una denuncia que "ya ha sido admitida", asegura.

Ha sostenido igualmente que las actuaciones para "cortar de raíz" la actividad de estas empresas, aunque esta sea "una cuestión muy difícil", se van a "coordinar" con otras administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, el delegado de la Junta en Cádiz ha anunciado que este mismo viernes se va a convocar una reunión con el Ministerio de Hacienda, así como con Guardia Civil, Policía Nacional y el departamento de Industria de la Junta de Andalucía.

En el caso de Hacienda, según ha precisado, la investigación ha dejado al descubierto que "dos de estas empresas ni siquiera presentaban cuentas, y que otra tercera sí pero alegaba pérdidas de hasta 24.000 euros, pese a que el volumen de facturación de las facturas detectadas era enorme".

Finalmente, ha informado de que también se han difundido recomendaciones a la ciudadanía para que "no deje entrar en sus casas a estos falsos instaladores, sobre todo si no hay petición por parte del propio titular".