El Juzgado de Primera Instancia número 12 ha admitido a trámite una demanda por daños y perjuicios promovida por el colectivo de adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). En la demanda, según ha informado a Europa Press el abogado del colectivo, se reclama a la citada fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas.

Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora 'Dolmen Consulting Inmobiliario', inicialmente contratada para la edificación de los bloques, motivó que esta labor recayese en la empresa 'Nazarí'.

EL '

Banco malo'

En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, quedaron "inmovilizadas como activo tóxico" por la Sareb y siguen sin ser acabadas.

En ese sentido, el abogado del colectivo de adjudicatarios afectados, José Verdugo, ha manifestado a Europa Press que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla "ha admitido a trámite" una demanda de este grupo de personas contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa. En esta demanda, según el letrado, los afectados reclaman 1,1 millones de euros por los "daños y perjuicios" derivados del retraso en la entrega de las viviendas y el no aprovechamiento de las mismas.

Retrasos desde 2010

Y es que los afectados, recordémoslo, entregaron entre 18.000 y 21.000 euros por cabeza o familia para hacerse con estas viviendas protegidas cuya finalización había sido anunciada para 2010 y ya nos acercamos al ocaso de 2013.

El colectivo, igualmente, había solicitado a la Sareb que dado el alto grado de ejecución de las viviendas, del 95 ó 98 por ciento, según los casos, negocie una fórmula para desbloquear la financiación de las obras, paralizadas desde hace años sin que los adjudicatarios obtengan sus viviendas o el dinero de sus anticipos.