El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, encargado de la instrucción del 'caso Bahía Competitiva', retoma este jueves la toma de declaración de once imputados y un testigo que en un principio estaba previsto que compareciesen entre el 25 y el 31 de julio pasados.

Según la providencia de la titular del juzgado del 23 de julio, a la que ha tenido acceso Europa Press, este jueves están citados en calidad de imputados Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, ambos técnicos de la Diputación Provincial de Cádiz y que formaban parte de la comisión de evaluación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva, es decir, que tenían entre sus cometidos evaluar las solicitudes que después eran remitidas al Ministerio de Industria.

Un día más tarde tendrán que acudir al juzgado Rosa María Rodríguez Cano, también del comité de evaluación, y la actual gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado.

El resto de imputados están citados para los días 8 —ese día prestan declaración dos imputadas y el único testigo emplazado esta ronda de declaraciones—, 10 y 11 de octubre. Asimismo, el 26 de noviembre será el turno de Antonio Perales, quien fuera gerente del Plan Bahía Competitiva.

Cabe recordar que antes del verano prestaron declaración ante la titular del juzgado, Lourdes del Río, más imputados en esta causa, entre los que figura la que fuera diputada provincial del PSOE y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana durante el último mandato socialista, María José Valencia.

También ha declarado Agustín Bobo, un presunto 'testaferro' del empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña, considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.

Asimismo, la juez ha oído al antiguo responsable del IEDT de la Diputación, Teodoro Garrido, quien fue despedido tras conocerse su imputación. Del Ministerio de Industria han declarado cuatro imputados, entre los que se encuentra quien fue director general de Industria con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús Candil.

Cabe recordar que un total de 31 personas han sido detenidas en las distintas fases de la investigación por el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del Plan Bahía Competitiva.

Tras las últimas detenciones practicadas recientemente en Madrid, la Policía Nacional daba por desarticulada la trama que resumía apuntando que medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.