La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía asumirá también la causa de las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso ERE, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Así, y según las mismas fuentes consultadas, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha decidido dar traslado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de la primera denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el sindicato, que había recaído en el Juzgado de Instrucción número 9, que incluso llegó a incoar diligencias previas.

Hay que recordar que, en la primera denuncia interpuesta el día 13 de agosto, Manos Limpias puso en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Las fuentes han explicado que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que recibió la primera denuncia contra el sindicato, planteó una cuestión de competencia al juez decano, quien tras estudiar la situación ha decidido dar traslado de la denuncia a la juez Mercedes Alaya, quien "conoce de los mismos hechos por razones de investigación judicial con anterioridad" a Instrucción 9.

OPERACIÓN 'HERACLES'

Es decir, la denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas recientemente por Alaya, que están declaradas secretas y que se derivan de la denominada operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Dentro de esta operación, fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel. Así, permanecen en prisión el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y los directivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual.

A la hora de remitir la denuncia a la magistrada Mercedes Alaya, el juez decano de Sevilla ha valorado que "el conocimiento previo de los hechos prima" sobre la fecha de incoación de las diligencias por parte de Instrucción 9, que es anterior a la fecha en que Alaya abrió las citadas diligencias declaradas secretas, que, según las fuentes, versan sobre la supuesta financiación ilegal de los sindicatos.

Nueve ampliaciones de la denuncia inicial

Hay hasta nueve ampliaciones de la denuncia inicial —la última, elevada a los juzgados este mismo miércoles— presentada por Manos Limpias contra UGT-A, algunas de las cuales ya han recaído en distintos juzgados, aunque de momento únicamente el Juzgado de Instrucción número 9 ha presentado una cuestión de competente ante el Decanato.

No obstante, las fuentes consultadas dan prácticamente por seguro que todas estas ampliaciones de la denuncia inicial recaerán finalmente en el Juzgado de Mercedes Alaya dada la relación entre los distintos hechos denunciados.

Instrucción número 9, donde recayó la denuncia inicial, rechazó la acumulación del resto de denuncias planteadas "por tratarse de denuncias distintas y referentes a hechos diferentes de los descritos en la denuncia inicial", por lo que se las devolvió a los respectivos juzgados.

Manos limpias vuelve a pedir la suspensión cautelar de ugt-A

Precisamente, el sindicato Manos Limpias ha formulado este miércoles su novena ampliación de denuncia contra UGT-A, en la cual vuelve a pedir que, como medida cautelar, se acuerde la suspensión del sindicato.

Esta vez, Manos Limpias denuncia que UGT "gastó 77.000 euros de los parados en felicitar las Pascuas", de manera que "cargó dos campañas de publicidad en Navidad a fondos de la Junta de Andalucía", por lo que denuncia tanto al sindicato como a los responsables de la Junta "encargados de la fiscalización de las subvenciones por una responsabilidad 'in vigilando'".

Además de los ERE irregulares y de la nueva causa contra UGT-A, la magistrada instruye otras 'macrocausas' como las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, así como la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.