La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha exigido al Gobierno de la nación que "respete los cauces legales, institucionales y democráticos" y se siente con la Junta de Andalucía para abordar las "posibles discrepancias" que pueda mantener respecto a la Ley de Función Social de la Vivienda. Reclama "respeto al pueblo andaluz" y que no se levante de la comisión bilateral con la Junta, tal como el Estado "hizo con Cataluña en los años 2008 y 2009 para abordar su ley de vivienda".

Así lo ha indicado la consejera en una rueda de prensa celebrada en Cádiz, donde ha firmado con once municipios su adhesión al Programa andaluz en defensa de la Vivienda, al que se refiere como una "herramienta paliativa" que ha conseguido paralizar 2.500 desahucios en el conjunto de Andalucía hasta el pasado mes de mayo. En lo que a la provincia gaditana respecta, indica que se ha atendido a 627 personas en el marco de este programa.

En relación a la ley, Cortés argumenta que es "una herramienta de transformación, de cambio de las políticas que han entendido la vivienda como una mercancía, como objeto de especulación y negocio, no como un derecho humano".

Recuerda que el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional el Decreto de función social de la vivienda, si bien "ahora tiene la opción de rectificar y no levantarse de la comisión bilateral Junta-Ejecutivo, un órgano reglado por el Estado de Derecho para resolver discrepancias competenciales sin llegar a los cauces jurídicos", ha afirmado Cortés, para quien "sería injustificable recurrir la ley sin haber apurado todas las vías institucionales".

Señala que la Junta tiene "abierta una vía similar a la que en su día exploró el Gobierno en 2008 con la ley catalana, que está en vigor y es perfectamente constitucional, abordando de modo similar en algunos aspectos a la andaluza la vivienda vacía", ha apuntado.

Cortés entiende que con el recurso para invalidar la Ley de función social de la vivienda, el Gobierno se pone "de parte de las élites financieras y de los fondos buitre que están haciendo negocios redondos comprando a precio de saldo las viviendas del banco malo para especular".

Según la consejera, en Andalucía existen entre 700.000 y un millón de viviendas vacías y la Junta va a pelear por darles una función social, comprometiéndose a "proteger" el patrimonio público de vivienda andaluz a diferencia de lo que señala que está ocurriendo en otras comunidades.