Miembros de la Asociación Eólica de Cantabria se han reunido con representantes de los tres grupos políticos del Parlamento cántabro con el fin de transmitir la opinión de la AEC sobre el proyecto de ley de Aprovechamiento Eólico que se debatirá próximamente en la Cámara.

El portavoz de las empresas del sector, José Antonio Merino, ha destacado que todavía es posible corregir las partes del texto que "funcionan como un auténtico efecto disuasorio para empresarios". "Tal y como está, la ley no servirá para invertir ni crear empleo", ha apostillado.

La AEC solicita que se eliminen las nuevas figuras impositivas incluidas en el texto del proyecto de ley, tales como las tasas, el canon eólico y el Fondo de Compensación.

Merino considera que la Administración cántabra se opone de esta manera al espíritu de la nueva ley del Sector Eléctrico que se está fraguando en Madrid.

En este sentido, señala que el Ministerio de Hacienda quiere impedir que proliferen nuevos "impuestos verdes" en las comunidades autónomas porque su efecto será "la ruptura de la unidad de mercado en España y la acentuación de desequilibrios entre comunidades". "¿Qué inversor va a querer invertir en Cantabria cuando los recursos son escasos y aquí resulta mucho más caro?", se pregunta Merino.

Además la nueva norma estatal prevé que cuando las administraciones regionales creen estos nuevos impuestos, el sobrecoste se repercuta en la factura energética, "es decir, que el impuesto acabe afectando al bolsillo de todos los ciudadanos de la región", ha señalado el portavoz de la AEC en un comunicado de prensa.

Por otra parte, los empresarios afirman que a día de hoy la instalación de parques ya incluye cuantiosas aportaciones a los municipios y juntas vecinales donde se instalan los aerogeneradores, así como aportaciones a la Administración regional con el objetivo de que se usen en restauraciones paisajísticas e infraestructuras.

Seguridad jurídica

Por otro lado, consideran que la nueva ley no soluciona el problema pendiente de la anulación del concurso eólico por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y por lo tanto no es firme. La AEC añade que en cualquier caso, las empresas perjudicadas tendrán derecho a reclamar daños y perjuicios a la Administración como auténticas "paganas" de un procedimiento en el que todos los consorcios adjudicatarios "cumplieron escrupulosamente la normativa en vigor".

Asimismo, la AEC asegura que determinados criterios de adjudicación de parques previstos en la ley "no son lo suficientemente objetivos y por lo tanto no ofrecen la suficiente seguridad jurídica a los inversores". Las empresas del sector se refieren sobre todo al método de concurrencia competitiva, en el que la valoración de las aportaciones al Fondo de Compensación que hagan las empresas tiene, a su entender, "un peso desproporcionado en comparación con los criterios técnicos".

La AEC cree que "es un error no primar la viabilidad técnica frente a estas aportaciones económicas a la caja de la Administración". Merino afirma que de este modo, "la adjudicación puede convertirse en una mera y peligrosa subasta".

Los representantes de las casi 30 empresas englobadas en la asociación han expuesto ante PP, PRC, y PSOE la necesidad de apostar por el desarrollo eólico como "acicate" para "la reactivación" de la economía de Cantabria y la creación de empleo. "Las empresas que representamos son mayoritariamente cántabras y necesitan trabajar; el desarrollo eólico es su oportunidad", ha afirmado Merino.

En la AEC se aglutinan empresas industriales que fabrican componentes para los aerogeneradores, empresas de transporte, ingenierías, y estudios que se dedican a medir el impacto ambiental, aparte de los propios promotores de parques. "Incluso las empresas de la construcción tendrían futuro gracias al desarrollo eólico en un momento tan complicado para su sector", ha añadido Merino.