La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez Mercedes Alaya de no imponer una fianza de responsabilidad civil a una imputada en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y ha solicitado que se le imponga una fianza civil de 205 millones de euros, ya que entiende que "la colaboración o no con la acción de la Justicia no puede devenir en una situación que proporcione con respecto al resto de imputados la posible elusión de las medidas cautelares de naturaleza real".

En un auto dictado el pasado 17 de septiembre, la magistrada decidió no imponer fianza de responsabilidad civil alguna al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez; al que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA, Antonio Diz-Lois, y a la abogada y exasesora de la Dirección General de Trabajo de la Junta María José Rofa.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía entiende "no ajustada a Derecho" la decisión de la juez de no adoptar medidas cautelares de naturaleza real respecto a María José Rofa, para lo que la instructora tuvo en cuenta la "contribución" de la imputada "al esclarecimiento de los hechos" y el hecho de que esta decisión "acoge el criterio reciente" del Ministerio Público.

La juez también alegó que la posición de la imputada "es muy próxima" a la de Diz-Lois "e inclusive" respecto del exinterventor, así como que respecto de estos dos imputados no se habían solicitado medidas cautelares.

Los argumentos de la juez "no se ajustan a la realidad"

A juicio de la Fiscalía, "todos y cada uno de los antedichos argumentos pueden y deben ser rotundamente rechazados por no ajustarse a la realidad", pues en primer lugar discrepa de la "valoración positiva" que la magistrada hace de la "contribución que Rofa ha hecho para el esclarecimiento de los hechos", afirmando que "difícilmente puede hablarse de tal contribución cuando la imputada se acogió a su derecho a no declarar, negándose pues a contestar a pregunta alguna y limitándose a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil".

Todo ello motivó que la Fiscalía no pudiera "profundizar en determinadas materias que son objeto de la presente instrucción y de las que debería contar con datos y documentos de sumo interés", recordando en este punto que, en su declaración ante la Guardia Civil, Rofa entregó de manera voluntaria diversa documentación cuya relevancia "prácticamente se desconoce para todas las partes".

Así, según prosigue, "tan solo una mínima parte" de estos documentos fue incorporada al atestado elaborado por la Benemérita, mientras que "del resto nada se sabe, a pesar de que fue pedido por el Ministerio Público que el Juzgado ordenase a la Guardia Civil que remitiesen todo lo entregado" por la imputada para su debida unión a las actuaciones.

"los papeles" de rofa

"A día de hoy no contamos con pronunciamiento judicial al respecto, y precisamente este hecho de que 'los papeles' de Rofa no estén en las actuaciones dificulta de modo sumo valoración alguna sobre tal colaboración y la importancia o trascendencia de la documentación aportada", asevera Anticorrupción.

La Fiscalía admite que "un comportamiento activo y sincero de colaboración por un imputado" pueda condicionar la imposición o variación en las medidas de naturaleza personal en fase de instrucción, "pero no aquellas que suponga la no exigencia del necesario reintegro de los fondos públicos que por un 'hacer' o 'no hacer' han sido presuntamente malversados, sin perjuicio de que dicha responsabilidad civil se aminore por el reintegro de los perceptores finales de los mismos y de las consecuencias en fase de enjuiciamiento del comportamiento del ya acusado o procesado".

Respecto de la mención que hace la magistrada al criterio reciente de la Fiscalía sobre la adopción de medidas cautelares reales, puntualiza que "esta Fiscalía no usa ni sostiene criterios generalistas ni tendencias, sino que analiza cada situación, atendiendo al estado de la instrucción, para decidir sobre la necesidad o no de solicitar medidas cautelares tanto personales como reales para cada imputado, y así lo seguirá haciendo".

Critica la "dilación" de la juez en tomar una decisión sobre la fianza

En su recurso, la Fiscalía critica que la declaración de Rofa y la posterior comparecencia de medidas cautelares tuvo lugar el 6 de julio de 2012, pero "inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión". "Resulta extraña tal dilación pues ninguna causa se nos aparece en el devenir de las actuaciones que justifique tal tardanza", critica.

Al hilo, recuerda que ese mismo mes de julio comparecieron ante la instructora los exdirectores generales de Trabajo Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, "respecto de los cuales, antes de terminar el mes de julio, ya se dictó el pertinente auto acordando las medidas cautelares reales oportunas para cada uno de ellos".

Por último, Anticorrupción asevera que "no es cierto" que la posición de Rofa "sea próxima en su trabajo" a las de Diz-Lois y del exinterventor, señalando que, del estudio de los expedientes de pagos remitidos por la Junta —"muy limitado ante el volumen y las condiciones de desorden y carácter fragmentario en que fueron remitidos—, se desprende "de forma indiciaria y provisional una participación activa de Rofa en la tramitación de los pagos y en el conocimiento del 'procedimiento específico' superior" a los dos imputados referidos.