La Fiscalía Superior de Andalucía está a la espera de recibir en los próximos días el informe que encargó a la unidad adscrita de Policía Judicial sobre la gestión de los fondos de formación de UGT-A y la posible falsificación de facturas para tomar una decisión al respecto. Así lo ha señalado este martes el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien ha explicado que una vez se reciba el documento se estudiará y se tomará "la decisión adecuada".

El fiscal no ha querido pronunciarse sobre los posibles delitos que se podrían investigar puesto que hacer "cualquier valoración" antes de analizar el informe de la Policía sería "prematuro y precipitado".

Fue el pasado mes de agosto cuando la Fiscalía ordenó a la Policía Judicial que investigara el asunto, tras las informaciones aparecidas en el diario El Mundo, que apuntan a la posible falsificación de facturas por parte del sindicato para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

Una vez concluida la investigación, la Fiscalía Superior podría continuar con las diligencias o trasladar el asunto a una Fiscalía Provincial, lo que es "probable" que ocurra -si el informe de la Policía Judicial determina la posible existencia de conducta delictiva-, según las fuentes consultadas.

El Ministerio Público tomó esa decisión tras hacerse públicas unas facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando a programas de formación gastos que, en realidad, correspondían a la organización de la huelga general de septiembre de 2010.

El sindicato Manos Limpias ha presentado en los Juzgados de Sevilla la octava ampliación de la denuncia contra UGT-A por las supuestas "facturas falsas" sobre los fondos de formación y ha pedido al tribunal que se adopte la suspensión de dicho sindicato como medida cautelar.

Esta ampliación de la denuncia se suma a las siete formuladas desde mediados de agosto por parte de Manos Limpias contra la organización por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados.

Esta octava ampliación de la denuncia va dirigida también contra los responsables de la Junta "encargados de la fiscalización de las subvenciones por una responsabilidad "in vigilando".