El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, Ángel María Marinero, ha defendido este martes que el programa de prevención de desahucios puesto en marcha por la Administración autonómica ha sido un "éxito rotundo".

Según ha argumentado, las medidas impulsadas han permitido evitar el desahucio en la mayoría de los casos y no han sido necesario utilizar las viviendas públicas desocupadas y que han sido puestas a disposición para evitar "que ninguna familia acabe debajo de un puente".

Marinero ha reiterado que "se está llegando a soluciones para evitar los desahucios". "La situación de alarma generada hace un año en Castilla y León está controlada. No hay que bajar la guardia, el mecanismo está ahí y nos alegramos de no tener que usarlo más que en contadas ocasiones", ha señalado.

El director general de Vivienda ha realizado estas declaraciones este martes en Palencia, donde ha presentado el decreto-ley puesto en marcha por la Administración regional, entre cuyas medidas figura la reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social.

Un parque de 12.000 VIVIENDAS

Tal y como ha explicado, el parque de vivienda pública en Castilla y León dispone de más de 12.000, 1.200 en el caso de la provincia de Palencia, que cuenta con 2.600 unidades familiares demandantes de estos inmuebles, es decir, más de un 6 por ciento de la población de la provincia.

Este decreto contempla un paquete con 22 medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio y convalidadas por las Cortes a finales de agosto.

Las medidas se engloban en cuatro grandes bloques que pretender dar una respuesta a la grave situación que atraviesan numerosas familias y personas de la Comunidad actuando en diversos ámbitos: los colectivos de especial atención, la movilización de las viviendas de titularidad pública, salida al mercado de las viviendas disponibles, fomento del alquiler y adaptación del régimen legal de las viviendas protegidas al nuevo contexto social y económico.