El responsable de Alimentación, Bebidas y Tabaco (Fitag-UGT), Juan José Rubio, ha alertado hoy sobre la posibilidad de que trescientas familias, entre empleos directos e indirectos, se queden en la calle en Valladolid de aplicarse el plan de viabilidad anunciado por Panrico en sus distintas plantas en España y, al tiempo, ha advertido de la imposibilidad de aplicar a la plantilla vallisoletana una nueva rebaja de salario ya que en ese caso buena parte de los trabajadores quedarían por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Rubio, quien, acompañado de miembros del Comité de Empresa de Panrico en Valladolid, se ha reunido en las Cortes con procuradores socialistas y el secretario provincial, Javier Izquierdo, para analizar las repercusiones del plan de viabilidad propuesto por la mercantil, ha recordado que los 210 empleados del centro ubicado en el Polígono de San Cristóbal ya se vieron obligados hace unos meses a aceptar una merma de entre un 10 y un 18 por ciento en su nómina, unido a un incremento de la jornada laboral, con lo que en la actualidad los sueldos se sitúan ya entre los 750 y 1.000 euros.

Por ello, el sindicalista ha incidido en que el nuevo plan de viabilidad, que cifra en 1.914 los despidos a nivel nacional del total de 4.000 trabajadores existentes y plantea otra rebaja de un 20 por ciento de los salarios, "no se podrá aplicar a algunos trabajadores de Valladolid ya que la rebaja en este caso se situaría—sumada a la anterior—en un 30 por ciento y cobrarían por debajo del SMI".

Rubio, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que aún se desconocen los pormenores del plan y, por tanto, las repercusiones concretas en una empresa que ha calificado de "emblemática" tanto en España como en Castilla y León, aunque ha anticipado que los trabajadores están dispuestos a todo y que cualquier movilización en este sentido será consensuada a nivel nacional por UGT y CC.OO.

La única esperanza radica en la condición de segoviano del responsable de la patronal encargado de negociar, "y quizá a la Junta de Castilla y León le resulte más fácil un paseo a Segovia que a Cataluña", ha apuntado el sindicalista, quien, por contra, ha expresado su preocupación ante el hecho de que Panrico no haya aceptado la ayuda de 700.000 euros ofrecida por la Administración regional a cambio de mantener la plantilla.

"Quizá sea un indicio de que la empresa lo considera pecata minuta para el volumen de pérdidas que tiene a nivel nacional", ha expresado con pesar Rubio, que ha lamentado la situación de crisis del sector agroalimentario y la situación de otras empresas como Proinserga, Lauki, Eurovo o Quesos Angulo y Quesos Arias.

Responsabilidad de la junta

Por su parte, los parlamentarios socialistas Pedro González y Ana Redondo, junto con el secretario provincial del PSOE, Javier Izquierdo, han expresado su "solidaridad" y "apoyo" a los trabajadores afectados y han aprovechado para criticar la postura de la Junta, a la que han demandado una mayor "implicación" y "responsabilidad" para tratar de mantener el empleo en la planta vallisoletana.

En este sentido, González ha anunciado que su grupo demandará información del Ejecutivo respecto de las gestiones realizadas, las subvenciones otorgadas a Panrico y las condiciones impuestas para su percepción, mientras que Izquierdo ha aprovechado para cargar contra los efectos en materia de empleo de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, "que deja muy poco margen de interlocución a los sindicatos", y política industrial de la Junta, "que hace que cada año 9.000 jóvenes tengan que abandonar Valladolid en busca de trabajo".