La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha acusado este martes al que fuera director general de Presupuestos entre los años 2009 y 2012 Buenaventura Aguilera de haber ejecutado "un cambio meramente aparente" y de haber conocido desde el mismo momento de su toma de posesión "las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria investigada", ya que con anterioridad a ser nombrado director de Presupuestos ya "habría conocido el ilegal uso de las transferencias de financiación".

Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos a Buenaventura Aguilera, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez instructora no le concediera 30 minutos para estudiar las imputaciones conocidas este mismo martes.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que el imputado, como quiera que ocupó entre 2003 y 2009 el cargo de jefe del servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria de la Junta, "habría conocido el ilegal uso de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para conceder subvenciones".

La instructora señala que, tras ello, fue nombrado director general de Presupuestos de la Junta el 28 de abril de 2009, ocupando el cargo hasta el 12 de junio de 2012 en una trayectoria que "vendría presuntamente definida a aparentar desde el comienzo un cambio", para lo que a los 45 días de su toma de posesión se dictó una instrucción "no publicada en ningún boletín informativo" a fin de cambiar el sistema de las transferencias de financiación.

Según la juez, esta instrucción no obedeció a "un cambio legislativo reciente", sino al hecho de que "se conocían las consecuencias a lo largo de la década de falta de control y de distorsión de la financiación que, según la citada instrucción, generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones".

La juez indica que, "a partir de ese momento, y para el presupuesto 2010, desaparecía la partida fraudulenta 440.51.31.L, siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios últimos de las subvenciones, por ejemplo a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro".

"cambio real"

"Fue un cambio meramente aparente, porque el inculpado no trasladaría, como por el contrario le competía, este cambio trascendental de la concesión de subvenciones a través del crédito presupuestario adecuado para ello a la reunión de técnicos que tendría lugar con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de 2010", de manera que la Consejería de Empleo "decidió continuar con el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las mismas".

Según añade la juez, "fue en el presupuesto de 2012, cuando ya se habían iniciado las presentes actuaciones, cuando se produjo el cambio real", no obstante lo cual la instructora subraya que el imputado "había tomado posesión hacía más de dos años, en abril de 2009, y desde entonces conocía las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria".

Asimismo, agrega, Buenaventura Aguilera habría tramitado dos modificaciones presupuestarias "en la que la partida de destino era radicalmente inadecuada, la 440.51, incumpliendo los requisitos que le son exigibles como director general de Presupuestos en la tramitación de tales modificaciones".

"de espaldas al presupuesto"

Al hilo, precisa que la primera de las modificaciones se produjo en diciembre de 2009 por valor de 300.000 euros, mientras que la segunda la hizo en noviembre de 2010 "por nada menos que 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno, significando ambas un aumento de las transferencias de financiación a IDEA, y ello a costa de una disminución por el mismo importe del crédito destinado para la concesión de subvenciones".

"Aunque el importe de esta modificación no llegó a aplicarse a las finalidades previstas por el órgano gestor, podría considerarse que la vía de la modificación presupuestaria de espaldas al Presupuesto era la forma de volver cuando fuera necesario al uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones".

Una vez conocida la imputación, Aguilera ha pedido un receso para estudiar la misma con su abogado, lo que ha sido denegado por la juez al entender que el imputado "ha tenido tiempo más que suficiente desde que fue citado para preparar su declaración respecto de los hechos que se produjeron en el ejercicio de su cargo, que es obviamente por lo que se le iba a preguntar en el día de hoy".

Críticas de manos limpias al fiscal anticorrupción

Ello ha motivado la protesta del abogado de Aguilera, José María Mohedano, quien ha adelantado que su cliente se acogería a su derecho constitucional a no declarar al entender que la instructora ha vulnerado el derecho de asistencia letrada y de defensa, ya que "no ha podido conocer hasta este mismo minutos las imputaciones de las que se debe defender en su declaración".

Tras ello, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha considerado necesario que se le imponga "a día de hoy" una fianza de responsabilidad civil, a lo que se ha adherido la acusación ejercida por la Junta de Andalucía, mientras que el sindicato Manos Limpias ha pedido una fianza civil de 20 millones más el tercio legal previsto.

El abogado de esta acusación ha sido especialmente duro con el Ministerio Público y con el hecho de que no haya pedido medida alguna para el exalto cargo, una "incomprensible actuación que obedece a razones de instrucciones políticas", mientras que también ha criticado la postura de la Junta, que a su juicio "incurre en fraude procesal toda vez que viene demostrando que su única finalidad no es otra que la defensa y protección de los altos cargos que están siendo imputados".

El imputado no firma el acta

De su lado, el PP ha pedido que "se adopte la prestación de fianza en cuantía suficiente para cubrir la responsabilidad civil por el menoscabo de fondos públicos que ha de ser fijada por su señoría conforme a los criterios que ha establecido en el último auto por el que se fijaron las medidas cautelares reales para" el exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano, a quien impuso una fianza civil de 46,6 millones que será recurrida por su abogado.

Seguidamente, el abogado del imputado ha puesto de manifiesto "la falta de legitimación de las dos acusaciones de la acción popular —PP y Manos Limpias— para solicitar cualquier tipo de responsabilidad civil", por lo que "si se aceptaran" por la juez las pretensiones de ambas acusaciones "se estaría dando legitimación a quien no la tiene y aceptando la solicitud de una medida civil de carácter cautelar a quien no puede hacerla de ninguna manera, con la paradoja de que el único que puede hacerla, que es el Ministerio Fiscal, no la hace".

Tanto Buenaventura Aguilera como su abogado han decidido no firmar el acta después de que Alaya "se haya negado a hacer constar el motivo final" por el que Aguilera no ha declarado, como es que "ha pedido un receso de 30 minutos para poder estudiar las imputaciones" conocidas este mismo martes, a lo que la magistrada "se ha negado", todo lo cual "no consta en el acta" porque ella "no ha querido".