Facua-Andalucía ha mostrado este martes "su indignación" ante la "irrisoria" multa de 455.000 euros a CaixaBank por el fraude de las preferentes.

En una nota, la organización de consumidores ha recordado que la sanción se produce como consecuencia de la denuncia presentada por Facua-A en marzo de 2012 contra Cajasol —ahora en CaixaBank—, a la que se sumaron "las de numerosos usuarios".

La federación ha lamentado que la Junta "no aplique sanciones proporcionales a los beneficios obtenidos ilegalmente mediante prácticas fraudulentas", tal y como recoge la legislación andaluza, y considera que la Junta "no puede saldar fraudes multimillonarios con multas irrisorias". "Con sanciones como ésta, resulta evidente que las entidades financieras continuarán cometiendo fraudes masivos en el futuro", han subrayado.

Facua ha señalado que esta es "la primera multa por un fraude masivo que hace pública el Gobierno andaluz en lo que va de legislatura", si bien, "su cuantía no resulta precisamente proporcional a la magnitud del daño que han representado las participaciones preferentes para decenas de miles de andaluces".

Cláusulas suelo

La organización de consumidores ha apuntado que otro fraude "mucho mayor", el de las cláusulas suelo, también puede acabar con "una pequeña multa a los 20 bancos denunciados por Facua en marzo y abril". La Secretaría General de Consumo ha anunciado que, como máximo, les impondrá sanciones 400.000 euros cuando, según detallan, "el beneficio obtenido con el fraude asciende a miles de millones".

De esta manera, Facua-A reclama a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al vicepresidente y responsable de las políticas de consumo, Diego Valderas, que "acaben con la impunidad ante el fraude y abran ese nuevo tiempo político que tanto pregonan en la defensa de los derechos de los consumidores y la lucha contra los abusos de las empresas".

En este sentido, ha recordado que la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, establece un régimen sancionador que en los casos de las infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" (artículo 78) y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" por un plazo de hasta un año (artículo 76). "El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.