El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal, una normativa que, en palabras del consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, será "fuerte y potente" para "luchar contra los desequilibrios".

Con esta nueva normativa, la Junta de Andalucía pretende, entre otros objetivos, "establecer bien los requisitos" de todo el catálogo de prestaciones públicas que existen en Andalucía para que "nadie se pueda beneficiar de algo" que no le corresponde.

"En conjunto, de lo que se trata es de ayudar a la gente con más necesidades. Y para que eso sea correcto, justo y equilibrado, hay que luchar contra quienes puedan burlar ese procedimiento", argumentó ayer lunes Jiménez Barrios cuando avanzó la presentación de este anteproyecto de ley.

El consejero también adelantó que la nueva ley andaluza contra el fraude fiscal contemplará igualmente medidas de "incidencia fiscal de las prestaciones públicas" para "hacer llegar de verdad el beneficio o bien público al que le corresponde". De este modo, y pese a que en Andalucía "no hay una situación de alarma en ese sentido, se "podrán acotar los posibles fraudes que puedan producirse" en esta materia.

Para el consejero, este tipo de iniciativas son fundamentales en el "combate por la regeneración democrática". De ahí que la Junta apueste por medidas que "ayudan a que haya transparencia y a que el bien público vaya a aquel que de verdad lo necesita". "Es un camino justo y correcto", ha apostillado.