La juez Mercedes Alaya, que investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha permitido finalmente, en un nuevo auto y por motivos de "eficacia y agilidad", que "cada dirección letrada defienda a los imputados que voluntariamente consientan" posibles situaciones de "contraposición de intereses", al representar algunos abogados a personas con roles especialmente distantes en los hechos investigados.